La “Operación Huracán” se ha convertido en uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Carabineros de Chile, tras confirmarse mediante testimonios y confesiones que se trató de un montaje destinado a incriminar a comuneros mapuche. Un reportaje de Ciper en 2018 reveló elementos clave de esta oscura trama, que ha generado una crisis en la institución policial y en el sistema de justicia.

Contexto y desarrollo de la operación

La controversia se desató el 9 de agosto de 2017, cuando el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, autorizó la interceptación de teléfonos por parte de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de Carabineros. Lo que en principio se presentó como una investigación contra presuntos actos de violencia, derivó en un montaje que buscaba incriminar a ocho comuneros mapuche: Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Rodrigo y Jaime Huenchullán, Martín Curiche, Fidel Tranamil, David Aedo y Claudio Leiva.

Sin embargo, informes posteriores demostraron que la evidencia presentada fue manipulada y falsificada.

Revelaciones judiciales y falsificación de pruebas

Aproximadamente 47 días después de que el fiscal de Temuco, Luis Arroyo, denunciara la existencia de pruebas falsas, varios funcionarios de la UIOE, incluyendo a Álex Smith y cuatro efectivos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) —Marvín Marín, Darwin Vásquez, Manuel Riquelme y Marcos Sanhueza—, reconocieron judicialmente la falsificación de pruebas. Estas revelaciones llevaron a la renuncia del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y del director de inteligencia de la institución, general Gonzalo Blu.

Uno de los episodios más impactantes fue el uso indebido de un módem Huawei conectado al celular de Héctor Llaitul la madrugada del 24 de septiembre de 2017. A través de este dispositivo, se subieron archivos de manera fraudulenta a su teléfono, incluyendo un documento llamado “Text.txt”, con conversaciones que lo inculpaban falsamente.

Las pruebas se sustentaban en herramientas como “Antorcha” y “Tubicación”, las cuales Álex Smith admitió haber inventado. La falsedad de estas pruebas fue confirmada por los peritajes realizados por los funcionarios de Labocar, quienes declararon que el capitán Leonardo Osses fue el responsable de instalar el módem en el celular de Llaitul.

Consecuencias y nuevas investigaciones

Las revelaciones han generado consecuencias significativas. El fiscal Carlos Palma lidera tres investigaciones relacionadas con la UIOE en La Araucanía, Los Ríos e Iquique. Además, ha salido a la luz la desaparición de servidores y discos duros utilizados por la unidad de inteligencia, así como indicios de espionaje ilegal a periodistas y otras personas no vinculadas con comunidades mapuche.

La tensión en torno a la UIOE y la Fiscalía se intensifica a medida que surgen nuevas irregularidades. Algunos de los funcionarios implicados describen su participación en estos operativos como una “época de gloria”, sin prever las consecuencias que sus actos tendrían para la institución policial y el sistema judicial.

Desarrollo del juicio y expectativas

A pesar de la contundencia de las pruebas y la cantidad de testigos, el juicio oral de la “Operación Huracán” ha sido postergado en varias ocasiones, generando críticas por la demora en la administración de justicia. Hoy comienza la audiencia y se estima que el juicio puede llegar a durar 6 meses, con 99 jornadas previstas y la presentación de más de 250 testimonios y miles de pruebas.

Poco antes del inicio de la audiencia de este lunes, el abogado Rodrigo Román, quien representa a algunos de los comuneros mapuche falsamente implicados, cuestionó las reiteradas postergaciones del juicio: “Por largos siete años ha sido la charlatanería misma, dilatar el juicio y denegar la justicia. La justicia para que sea tal tiene que ser oportuna y esto es chacota. Saquen ustedes la cuenta. Esto ocurrió en septiembre de 2017. Han pasado casi ocho años”.

Por otro lado, el abogado Cristián Arias, defensor del general en retiro Gonzalo Blu, oficial de mayor rango imputado, argumentó que “vinimos a este juicio a dejar establecido que Gonzalo Blu no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos que son materia de acusación. La acusación que plantea el Ministerio Público es artificiosa. Quien la suscribe es un fiscal involucrado en actos de corrupción, Carlos Palma Guerra”.

Cabe destacar que el fiscal Palma Guerra ya no está a cargo de la investigación, pues fue reemplazado por el fiscal regional de Aysén, José Mori.

Uno de los principales argumentos de la defensa de los comuneros mapuche es que la supuesta intervención telefónica detectó mensajes de WhatsApp en los que los acusados coordinaban delitos inexistentes. Sin embargo, los comuneros no tenían instalada dicha aplicación en sus teléfonos, lo que hace imposible la existencia de esos mensajes.

Además, Álex Smith admitió que no posee título universitario ni conocimientos especializados en tecnología, a pesar de haber sido asesor de la unidad de inteligencia de Carabineros en materia cibernética.

Si los funcionarios de Carabineros son declarados culpables, este sería el primer caso en el que se acredita un montaje de tal envergadura dentro de la institución policial chilena.