La información fue revelada gracias a una investigación realizada por Ciper. De acuerdo con el medio, el equipo de Bienes Nacionales se comunicó en tres ocasiones con la presidencia para informarle sobre los efectos negativos de la compra. 

De hecho, la ministra de ese entonces llamó directamente vía telefónica al asesor de la presidencia, Leonardo Moreno. En la conversación, Sandoval expreso su preocupación por el tema. Sin embargo, Sandoval le respondió que lo planteado por la ministra era un «problema comunicacional» que resolvería Presidencia en su momento. 

Posterior a eso, se ejecutó una reunión entre los gabinetes de Bienes Nacionales, Subsecretaría de Patrimonio y Moreno. Al igual que la vez anterior, se manifestaron las consecuencias de que el gobierno compre una propiedad donde una de las dueñas es la ministra Maya Fernández. Pese a los argumentos presentados, el gobierno siguió adelante con el proceso de compra. 

Tras este fallido intento por adquirir el inmueble y las numerosas críticas que recibió el proceso, el Ministerio Público abrió una investigación por presunto fraude al fisco. La ministra Fernández junto a la senadora Isabel Allende, ya prestaron su declaración en calidad de imputadas.