La exclusión de Ariztía y de reconocidas marcas de cecinas como Winter, San Jorge y La Preferida de una millonaria licitación estatal ha generado controversia en el sector alimentario.

Las empresas acusan a ChileCompra de actuar de manera arbitraria y aseguran que la decisión perjudica el interés público y la libre competencia en la provisión de alimentos para organismos del Estado.

La reciente exclusión de la empresa Ariztía y de importantes marcas de cecinas del país, como Winter, San Jorge y La Preferida, de una millonaria licitación estatal, ha generado fuertes cuestionamientos hacia la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra).

La situación ha despertado preocupación tanto en el sector privado como en la opinión pública, debido a las implicancias que podría tener para la competencia, la transparencia del proceso y el abastecimiento de productos alimenticios a organismos del Estado.Todo comenzó el pasado 6 de junio, cuando Ariztía, la segunda mayor avícola del país, inició un proceso formal en contra de ChileCompra, acusando a la entidad de actuar de manera «arbitraria, desproporcionada e ilegal».

La empresa participaba en la licitación del Convenio Marco de Alimentos, lanzada en septiembre de 2024, cuyo objetivo era abastecer de alimentos perecibles, no perecibles y congelados a distintas instituciones estatales.

El proceso contemplaba montos desde 10 UTM hasta un tope de 25 mil UTM por transacción.Según lo informado por el Diario Financiero, ChileCompra declaró inadmisibles un total de 1.947 ofertas presentadas por Ariztía para productos que requieren refrigeración.

La razón argumentada fue la omisión, por parte de la empresa, de un contrato con el transportista responsable del traslado de estos alimentos, documento exigido en las bases del concurso público.Hoy, a esta controversia se sumaron las principales empresas cecineras del país.

Las firmas Winter, San Jorge y La Preferida también cuestionaron haber sido dejadas fuera de la licitación, calificando la decisión como perjudicial para el interés público. Alegan que su oferta fue considerada inadmisible sin un análisis justo, lo que limitaría la diversidad de proveedores y podría impactar negativamente en la cadena de suministro del Estado.L

a controversia continúa en desarrollo, mientras ChileCompra aún no emite una respuesta formal a las acusaciones de las empresas afectadas.

El caso pone en evidencia la importancia de garantizar procesos de licitación transparentes, proporcionales y que velen tanto por la competencia como por el correcto uso de los recursos públicos.