La mañana de este lunes, la Corte Suprema sesionó para evaluar qué justicia debe tomar el caso de Franco Vargas y los 45 conscriptos víctimas de apremios ilegítimos, resultando el primero fallecido el 27 de abril en Arica.

La contienda de competencia, vale decir, quien llevará la investigación del caso -ordinaria o militar-, fue impuesta por la ministra en visita, Jenny Book, quien dictó una resolución inhibitoria para que el Juzgado de Garantía de Arica no siguiera conociendo la causa, trabando inmediatamente las diligencias interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Algo en lo que insiste el INDH y el Juzgado regional es que si la contienda es tomada por la justicia militar, Romy Vargas, la madre de la víctima fatal, no tendría garantías suficientes para ser parte del juicio y ser considerada como víctima representante.

«No nos confiamos en la Fiscalía Militar, porque no nos da garantía de una justicia justa», afirmó la madre de Vargas, quien además sopesó la lentitud del proceso, debido a que se lleva posponiendo la sesión de hoy desde el 4 de junio.

La semana pasada, la ministra en visita solicitó una nueva exhumación del cuerpo de Vargas invocando el Protocolo de Minnesota: “La idea es coordinar con la PDI la fecha de la exhumación, la cual se desarrollará en los próximos días”, aseguró Book. Asimismo, agregó que en la diligencia estarán presentes la madre y familiares del joven.

Es importante recordar que hace ya un mes, el fiscal de Arica, Mario Carrera, había solicitado la exhumación, pero fue suspendida tras una nueva solicitud ingresada por la Fiscalía Militar de detener la innovación hasta que no se determine cuál justicia tratará al caso.

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