El pasado martes, los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Daniella Cicardini (PS) concurrieron a la Fiscalía Nacional con Ángel Valencia, fiscal nacional, para hacer entrega oficial de las últimas conclusiones que la comisión investigadora, asignada a Luis Hermosilla, ha recabado. Instancia en que también se refirieron a motivaciones y obstáculos del proceso.
Manouchehri explicó su preocupación ante el recurso que presentó el abogado Mario Vargas en los últimos días con el objetivo de incorporar una traba a las investigaciones en curso, el cuál pese a ser rechazado por la Corte de Apelaciones, espera que apele para lograr ser discutido en la Corte Suprema. Situación en la que se prevé, podría ser examinado por los ministros Ángela Vivanco y Mario Carroza, ambos mencionados en los chats de Hermosilla y por ende, serían rostros que mantienen una relación con el caso, según sus palabras. En este sentido, manifestó la convicción que mantiene en que dichos nombres se inhabiliten por su participación en los hechos.
En tanto, transparentó que durante la reunión con el fiscal Valencia donde le hicieron entrega de la carpeta que contiene las conclusiones, obtenidas a través de la comisión investigadora de la cámara de diputados, sobre el caso. Asimismo, el parlamentario mantuvo una conversación con el fiscal sobre las implicancias de la querella impuesta en contra de Hermosilla de la cuál él, junto con Daniella Cicardini, son querellantes. El diputado socialista depositó su confianza en que las instituciones de justicia lo investigarán a fondo y solucionen el caso. “La única manera de devolverle credibilidad a las instituciones es que los responsables del caso Hermosilla paguen con cárcel”, sentenció el diputado por la región de Coquimbo.
Al respecto, la diputada Cicardini declaró su convencimiento en que la esfera pública no tolerará impunidad en un caso con evidencia de una red de corrupción. Recalcó los diferentes intentos de impunidad que junto con Manouchehri, como querellantes, han enfrentado en el proceso del caso, entre ellos el emplazamiento de un abogado involucrado que pretendió dejarlos fuera de la investigación, en adición del último recurso impuesto por Vargas.
