Este jueves se vio el primer avance de la nueva cárcel de «alta y de máxima seguridad» de la Región Metropolitana, la cual será una extensión del penal Santiago I. Esto, pese a la resistencia política que ha provocando la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien cuenta con un vasto apoyo de un grupo transversal de la cámara baja.

Desde el Gobierno, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) aprobó el oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que significa que éste último podrá hacer uso de las facultades especiales que le otorga la Ley 21.636 para modificar el plan regulador de la comuna para la construcción, alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios.

Cabe recordar que, la edil de Santiago manifestó su parecer frente a la construcción de esta cárcel, asegurando que, «implica una grave amenaza a la seguridad de la Región Metropolitana y de su comuna capital. En Santiago no estamos disponibles para ser una zona de sacrificio para la delincuencia y el crimen organizado”.

En esta línea, Hassler reunió firmas de varios diputados y diputadas e incluso la mesa directiva oficiará a La Moneda para solicitar la reevaluación del lugar donde se levantará el penal mencionado.

Es importante destacar que, el reclamo de la alcaldesa contempla un amplio espectro de partidos políticos que la apoyan; desde Republicanos al Partido Comunista, incluyendo distritos de la comuna de Santiago y Pedro Aguirre Cerda.

En primera instancia, cuando el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de dicho recinto penitenciario, habló de una «nueva cárcel», mientras que ahora, se trataría efectivamente de una extensión de un penal que ya existe. Esto levantó sospechas en Hassler, por lo que catalogó de «improvisación» el actuar del Gobierno frente a las negativas.

Por su parte, y sin mencionar a la edil en cuestión, el Presidente Boric aseguró que «son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes. Acá no hay atajos, no hay improvisación… al menos yo no tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada», defendiendo la estrategia de seguridad del Ejecutivo de dicho plan que lleva un año de trabajo.

Aquel proyecto penitenciario todavía debe atravesar el Congreso, puesto que el mandatario, como dijo la semana pasada, enviará una ley para «exceptuar a esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran su ejecución».

Desde la misma arista, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseveró que Santiago «es la (opción) más conveniente. Del punto de vista de la seguridad, del punto de vista de los tiempos de construcción, del punto de vista del impacto en el entorno, no hay ninguna razón que el Ministerio pueda tener para elegir un proyecto respecto de otro que no sea maximizar el objetivo de seguridad y de minimizar el impacto».

Cabe mencionar que el Gobierno ya había evaluado otras opciones previo a tomar la decisión; tales como un terreno en la comuna de San Bernardo, pero que fue inmediatamente descartado desde el comienzo. Asimismo, se consideró utilizar un predio de Gendarmería de Tiltil, cerca de Punta Peuco, pero fue desestimado por el problema de acceso a agua potable y la sequía del lugar.