Alonso Verdejo fue asesinado el 8 de septiembre durante la romería en conmemoración de los 51 años del golpe de Estado. El joven, de 27 años, fue apuñalado mientras participaba en dicha manifestación y falleció instantes después en el hospital San José. 

A tres días de su muerte, su familia emitió un comunicado público en el que agradecieron las muestras de afecto de la comunidad y emplazaron al gobierno: “¿Cómo podremos hablar de la no repetición de estas atrocidades, si desde la instituciones que debiesen custodiar el esclarecimiento de hechos no hay acciones robustas y oportunas para hacer justicia?”.

En el mensaje, la familia dividió su emplazamiento en dos puntos. El primero se refiere al balance del Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien el 8 de septiembre “celebró mejores resultados del control del orden público”. Además, en esa ocasión, Monsalve mencionó que el asesinato de Alonso no estaba enmarcado en el contexto de la marcha. Sin embargo, los cercanos al joven cuestionaron que estas declaraciones se hicieran sin pruebas “a pesar de registros que lo contradicen”.

Asimismo, la familia Verdejo presentó un segundo punto en el que criticó las declaraciones del día posterior a la romería por parte de la ministra Camila Vallejo: “En línea con el tono celebratorio de Monsalve, sólo reconoció incidentes asociados al lanzamiento de bombas molotov, con particular preocupación sobre la infraestructura pública y anunciando querellas para perseguir el uso de tales explosivos y fuegos de artificio. Respecto al crimen de mi hermano, un descorazonante silencio”. Además, interrogaron al ejecutivo: “¿Qué acciones está llevando a cabo para esclarecer este asesinato a plena luz del día, y con la presencia cercana de efectivos policiales?”, escribieron.

Finalmente, la familia del joven reflexionó sobre el ambiente político y social en el que Verdejo falleció. “Sentimos como tremendamente doloroso que, a 51 años del momento más triste de nuestra historia reciente, y en el contexto de conmemoración de aquellos que fueron desaparecidos o asesinados por la dictadura militar, este gobierno no dé cuenta de acciones desplegadas en torno a un evento que, queramos o no, comienza a envolverse de un silencio desesperanzador y peligroso para la salud de nuestra ya alicaída democracia”, concluyeron.