Este martes 8 de octubre, mediante un comunicado, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral colombiano (CNE) decidió abrir una investigación en contra del Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esto, por “la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electores” por parte de la coalición política de Petro.

La investigación y formulación de cargos fue aprobada por una mayoría de siete votos contra dos en la Sala Plena del CNE y apunta contra la campaña presidencial del entonces candidato de la Coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro. En particular, los investigados son: Petro, como candidato; su gerente de campaña, Ricardo Roa; su tesorera de campaña, Lucy Mogollón; los auditores, Maria Soto y Juan Lemus; el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica. Todos son investigados bajo “presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.

La acción del CNE apunta contra Petro y sus colaboradores de campaña por, presuntamente, cometer una “vulneración al límite de gastos” en la primera vuelta electoral por un valor de $3.709.361.342 millones de pesos colombianos. Esto, al omitir aportes y reportes de préstamos, de pago a testigos electorales, gastos de propaganda, pagos efectuados desde la campaña al Senado y reportes de ingresos y gastos por transporte aéreo.

Sumado a lo anterior, el CNE señaló que en la campaña de la primera vuelta la Coalición Pacto Histórico recibió “financiación ilícita”, ya que recibió aportes de la Unión Sindical Obrera, de Ingenial Media S.A.S y de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Este recae directamente en el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica, puesto que ellos fueron designados por la coalición de Gustavo Petro como las “responsables de la auditoría y presentación de informes de ingresos y gastos” de esa campaña, por lo que serían los responsables directos por la presunta financiación ilícita a la campaña del actual Presidente colombiano.

Con respecto a la campaña de la segunda vuelta, el CNE detectó la misma irregularidad que en la primera vuelta, esta vez por la suma de $1.646.386.773 millones de pesos colombianos, también fundado en diversas omisiones por parte de Petro, de su gerente de campaña, de su tesorera y de sus auditores.

Con respecto a las consecuencias de esta investigación y formulación de cargos por parte del CNE, es importante señalar que podría significar el pago de una multa por parte de Gustavo Petro y el inicio de un juicio político en su contra en la Cámara de Representantes en el caso de que el CNE les remitiera su informe.

Desde el oficialismo las reacciones no se hicieron esperar y denunciaron que el Consejo Nacional Electoral estaría llevando a cabo un «golpe de Estado» contra Petro. Esto, porque dicha entidad no tendría atribuciones para investigar al Presidente de la República que cuenta con fuero.

Desde la red social X, Gustavo Petro ha retuiteado mensajes de sus partidarios que han acusado persecución política e inconstitucionalidad en la acción emprendida por el CNE. Además, el Comando Central Unitario -ente que agrupa a diversos sindicatos colombianos- rechazó la acción del CNE y llamó a respetar la voluntad popular y la Constitución.

Sumado a ello, Gustavo Petro tuiteó “ha comenzado el golpe de Estado” y en otro tuit indicó que “el CNE no tiene competencia para levantarme pliego de cargos. Es por eso que ha desatado un golpe de Estado”.