Como una olla de presión, los 30 años de malestar acumulados llevaron a que los vagones del Metro de Santiago se detuvieran. No por fallas técnicas, sino por la acción coordinada de las y los estudiantes sentados en la línea del tren, otros evadiendo y otros menos causando disturbios.

Para algunos, estos jóvenes eran héroes, rebeldes con causa. Para otros, eran simplemente un obstáculo en su camino hacia el deber más ineludible: llegar al trabajo. Esa tensión entre el orden y la rebeldía sería un reflejo de lo que sucedería en las horas y semanas siguientes.

Al mediodía, la columna vertebral del transporte capitalino, anunció el cierre de las líneas 1 y 2. Para las seis de la tarde, Plaza Italia (posteriormente renombrada Plaza Dignidad) se llenaba de manifestantes. Gritos, carteles, cacerolazos y pancartas exigían justicia, equidad y derechos, el reflejo de una ciudadanía agotada.  La plaza sería testigo de la primera de muchas marchas que sacudieron al país en las siguientes semanas.

Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de allí, en Estación Central, Valeska Orellana fue alcanzada por perdigones disparados por Carabineros, una de las primeras víctimas de las miles que se sumarían en los meses siguientes. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre octubre de 2019 y febrero de 2020, 3.449 personas resultaron lesionadas, una cifra que muchos consideran insuficiente, pues solo incluye a quienes buscaron atención en hospitales.

Es que el alza de pasajes de 30 pesos era algo que aquellos jóvenes no aceptarían, asimismo, no sabían, que sus actos se convirtieron en el Estadillo Social. 

ACTUALIDAD

Ya son cinco años desde que la capital ardía; entre las diez de la noche y la una de la madrugada, 20 estaciones del Metro fueron incendiadas, de las cuales nueve quedaron completamente destruidas. 

¿Quién quemó el Metro? La pregunta aún resuena en el aire, una interrogante que para algunos no tiene respuesta clara, y para otros es un acto de desobediencia espontánea, la chispa de una revolución. Sin embargo, las investigaciones han dejado más dudas que certezas. Solo doce personas han sido sentenciadas por los incendios, y la Fiscalía ha cerrado la mayoría de las causas. 

En su reciente declaración, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, reafirmó que «hasta ahora, lo que han arrojado las distintas sentencias es que son situaciones más bien particulares y sin mayores conexiones».

Más allá de la destrucción material, lo que quedó en el aire tras el estallido fue una herida profunda en el tejido social del país. Según la Encuesta Cadem de octubre de 2024, el 58% de la población sigue viendo el estallido como una expresión legítima del descontento social, mientras que el 34% lo percibe como un problema de orden público. 

A cinco años del “octubrismo”, las causas del malestar que llevó a miles a las calles siguen siendo motivo de debate, pero una verdad es innegable: la desigualdad fue el motor que impulsó esa explosión social.

El Banco Mundial sitúa a Chile como uno de los países más desiguales del mundo, con el 1% más rico acumulando casi el 50% de la riqueza del país. Es un dato que choca, un reflejo de un país donde el progreso no llegó de igual manera para todos. 

«A cinco años de las masivas protestas en Chile, las causas estructurales del malestar social siguen vigentes», afirmó Jan Jarab, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para América del Sur. En su mensaje, también hizo un llamado urgente al Estado chileno: avanzar en la verdad, la reparación y las garantías de no repetición frente a las violaciones a los derechos humanos que, según el informe de la ONU de 2019, incluyeron más de 133 casos de tortura y 445 personas con heridas oculares, muchas de ellas irreversibles.

El estallido social no solo sacudió a Chile, también provocó un giro político que llevó al país a dos procesos constituyentes. Ambos fracasaron, sumando a la frustración generalizada. Según la Encuesta Criteria, en 2020 el 67% de la población veía el Estallido como algo positivo para el país, pero ese porcentaje ha caído al 44% en 2024. Las expectativas de cambio, las promesas de un país más justo, quedaron, para muchos, sepultadas bajo las ruinas del Metro y los ecos de promesas incumplidas.

A cinco años de aquel octubre de 2019, el país se pregunta si lo vivido fue un momento de transformación o una oportunidad perdida. Mientras las cicatrices del estallido aún laten, las demandas por dignidad, justicia y equidad siguen flotando en el aire, esperando ser resueltas. Algo es claro, la esperanza de cambio, se esfumó.