En Chile, casos como los de la aún desaparecida, Julia Chuñil, y los asesinatos de Macarena Valdés y Nicolasa Quintremán, revelan un patrón preocupante de violencia, amenazas y criminalización contra quienes protegen la tierra y los derechos indígenas.

Estos ejemplos, sumados a las alarmantes estadísticas globales, plantean una pregunta urgente: ¿Quién protege a los defensores del medio ambiente?

Desaparición de Julia Chuñil: Una lucha por justicia y verdad

El 8 de noviembre de 2024, Julia Chuñil Catricura, lideresa mapuche y defensora de los derechos ambientales, desapareció en circunstancias que mantienen en vilo a su comunidad y al país.

Julia, además de ser madre de cinco hijos y abuela de diez nietos, es presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel en Máfil, Región de Los Ríos, y dedica su vida a preservar la biodiversidad y el uso sostenible de la «Reserva CORA Número Uno», terreno comunitario protegido desde 2015.

El día de su desaparición, Julia se dirigió al fundo Lafrir para buscar animales perdidos, pero nunca regresó. Su familia encontró en el lugar huellas humanas, marcas de neumáticos y objetos personales, lo que refuerza la hipótesis de una desaparición forzada.

La comunidad denuncia amenazas previas hacia Julia, presuntamente realizadas por el empresario Juan Carlos Morstadt, quien habría intentado apropiarse del terreno para actividades de tala. A un mes de los hechos, su familia presentó una querella por secuestro y femicidio, respaldada por la Fundación Escazú Ahora. Este caso ha movilizado a organizaciones internacionales, mientras el presidente Gabriel Boric anunció medidas para intensificar la búsqueda.

Macarena Valdés: Ocho años de lucha por verdad y justicia

El 22 de agosto de 2016, Macarena Valdés fue encontrada sin vida en su hogar en Tranguil, Panguipulli. La versión oficial atribuyó su muerte a un suicidio, pero su familia y peritajes independientes demostraron inconsistencias en esta conclusión. Según el forense Luis Ravanal, Macarena ya estaba muerta antes de ser colgada, sugiriendo un homicidio.

Macarena, junto a su pareja Rubén Collío, ingeniero ambiental, lideró la resistencia contra RP Global, una empresa que buscaba instalar un tendido eléctrico en territorio mapuche. La pareja enfrentó amenazas previas, y tras la muerte de Macarena, Rubén dedicó su vida a exigir justicia hasta su fallecimiento en 2022.

A pesar de un informes clave, como la detección de ADN de una tercera persona en la cuerda, la Fiscalía no ha avanzado en el caso. Además, se han denunciado irregularidades, como el extravío de documentos cruciales. En la actualidad, la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés sigue conmemorando su vida y exigiendo que se investigue su muerte como un crimen ambiental y de género.

Nicolasa Quintremán: Un legado en defensa de la tierra

El 24 de diciembre de 2013, el cuerpo de Nicolasa Quintremán fue hallado flotando en el lago Ralco, embalse por el que combatió durante décadas. Junto a su hermana Berta, liderarón la resistencia pehuenche contra la construcción de la represa Ralco por parte de Endesa en el Alto Bío Bío.

Desde 1995, las hermanas se enfrentaron a la empresa y al gobierno de Eduardo Frei, denunciando la destrucción de cementerios ancestrales y la pérdida de tierras sagradas. Aunque lograron paralizar el proyecto en dos ocasiones y llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represa fue construida, desplazando a comunidades enteras.

La muerte de Nicolasa fue atribuida a una caída accidental, pero dejó preguntas sin responder. Su legado persiste como símbolo de la lucha por los derechos indígenas y la defensa del medio ambiente. Hoy, las comunidades relocalizadas enfrentan condiciones precarias, mientras el impacto ambiental del proyecto sigue vigente.

El peligro de defender el medio ambiente

Desde 2012, más de 2.100 defensores ambientales han sido asesinados en el mundo. En 2023, América Latina concentró el 85% de los 196 asesinatos registrados, siendo Brasil, Colombia, Honduras y México los países más peligrosos.

Aunque Chile no lidera estas cifras, se ha visto un aumento en los conflictos socioambientales: Proyectos extractivistas: En los últimos 10 años, Chile ha registrado más de 120 conflictos ambientales activos, según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

Territorios indígenas: El 80% de estos conflictos afectan territorios mapuche y pehuenche, vinculados a proyectos hidroeléctricos, forestales y mineros.

Impunidad: De los casos denunciados de violencia contra activistas en Chile, más del 90% no ha tenido resolución judicial.

Las palabras de Nicolasa Quintremán, «muerta saldré de mis tierras, pero no viva», resuenan como un llamado urgente a la acción. La justicia para Julia, Macarena y Nicolasa es también justicia para todos quienes luchan por un mundo más equitativo y sostenible.