En octubre de 2024, en contexto de la investigación que involucra a la Fundación Procultura, se autorizó la interceptación telefónica de una serie de personas vinculadas al caso, entre ellas las mencionadas anteriormente.
Según reveló Ex-Ante el 28 de abril, la interceptación fue solicitada por el equipo de fiscales de la Fiscalía Regional de Coquimbo, liderado por Patricio Cooper. La solicitud original incluso consideraba interceptar el teléfono del propio Presidente de la República, lo cual fue rechazado por el Juzgado de Garantía.
El fiscal Ricardo Soto Molina fue quien envió la petición al Tribunal de Garantía de Antofagasta, incluyendo 17 números telefónicos, entre ellos el de Huneeus, aunque registrado como Alberto Larraín. La solicitud no presentaba argumentos específicos por cada individuo, sino una descripción general del caso que involucra cerca de $6 mil millones de fondos públicos entregados a la fundación mediante convenios con el ministerio de Vivienda y gobiernos regionales. El documento se sustentaba en artículos de prensa y en hallazgos sobre transacciones sospechosas y falta de controles administrativos.
Dentro de las escuchas, filtradas a T13, se encuentra una conversación extensa entre el jefe de Estado y la doctora Huneeus, en la que ambos manifiestan inquietud por las implicancias del caso. Durante el intercambio, Boric reconoce su cercanía con Larraín y admite haber evaluado su nombre para cargos de gobierno: “Lo pensé en algún momento para MIDESO y la Izkia me lo bloqueó”, afirmó en alusión a la ex ministra del Interior, Izkia Siches.
En los nueve folios de transcripción, el Presidente expresó reiteradamente su preocupación por las repercusiones políticas del vínculo con Larraín: “Jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho ‘oye qué interesante este proyecto’, como no sé. Saqué todos mis celulares antiguos pa ver si tenía mensajes con él…”, admitió.
La filtración del diálogo se produce en un momento en que el caso avanza en el ámbito judicial y sigue generando atención pública.
Hasta ahora, no hay imputaciones formales contra autoridades de gobierno, pero la investigación se mantiene bajo observación por los vínculos y antecedentes que recientemente salieron a la luz.
