Según la reforma, los menores estarán “en pabellones” separados hasta que cumplan 18 años y sean trasladados al “régimen general de adultos”.

Esta medida se aplicará a menores que pertenezcan a pandillas y que hayan cometido delitos graves como homicidios, secuestros y tráfico de armas. En el caso de menores procesados por delitos comunes, estos seguirán internados en centros administrados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), con el objetivo de promover su reintegración social.

Esta nueva acción por parte del gobierno de El Salvador forma parte de una polémica lucha contra el crimen organizado desde la llegada de Nayib Bukele al poder. Desde 2022, el presidente salvadoreño ha mantenido un estado de emergencia en el país que suspende ciertos derechos constitucionales. Asimismo, llevó a cabo juicios masivos en los cuales se denunciaron irregularidades en el proceso e implementó la llamada “megacárcel”.

Por otra parte, diversas agrupaciones de derechos humanos denuncian que los presos en El Salvador sufren de torturas, lo cual fue negado por el gobierno salvadoreño.

La administración de El Salvador no facilita regularmente la información sobre el número de menores encarcelados o en prisión preventivas. En febrero pasado, el gobierno reportó que durante el estado de excepción fueron 1.065 los menores que habían sido condenados. Según Human Rights Watch, más de 3.300 fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre 2023, un aumento significativo en comparación con los 805 menores detenidos anualmente entre 2018 y 2021.