Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta señalaron mediante X que con esta resolución, “el Ministerio Público puede avanzar en la formalización de la parlamentaria”. Cabe recordar que Pérez está acusada por el Ministerio Público de delitos de fraude al Fisco debido a unos contratos firmados en 2022 entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta por $426 millones.

Mediante un comunicado, Pérez señaló:  «Ratifico mi convicción de inocencia y de no haber cometido fraude al fisco (…). Seguiremos colaborando con la investigación tal y como lo hemos hecho hasta ahora», agregó.

La defensa de Catalina Pérez, encabezada por los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo, insisten en su inocencia indicando que el desafuero no implica culpabilidad y que la diputada ha colaborado con la Fiscalía durante todo el proceso.

Desde el oficialismo, el diputado Diego Ibáñez (FA) aseguró que no va a haber “defensa corporativa” y que “la corrupción venga de donde venga, tiene que ser investigada”.