La Comisión de la Paz y Entendimiento fue presentada por el mandatario chileno en junio del 2023. Después de casi 2 años de trabajo, lograron entregar un documento de 21 recomendaciones, redactadas en base a 5 pilares centrales: justicia y reconocimiento, tierras, garantías de la implementación, desarrollo territorial, y reparación a las víctimas. 

Se trata del cuarto intento del Estado de generar un diálogo de este carácter desde el retorno a la democracia. Anteriormente, Ricardo Lagos creó durante su mandato la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001). Más tarde, se presentó la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía (2015), en el gobierno de Michelle Bachelet. Sebastián Piñera también hizo su propuesta con el Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en La Araucanía. (2017)

Desde fines de los años 90, distintos gobiernos han manifestado su voluntad por establecer un acuerdo y acabar con el histórico conflicto: A partir de 1997, varios atentados de grupos radicalizados han dado lugar en la Macrozona Sur, dejando al territorio bajo estado de excepción, con presencia de fuerzas militares desde octubre del 2021, año en el que se produjo la mayor cantidad de eventos de violencia rural, con una cifra de 1679, siendo más de 1000 ocurridos en la región de La Araucanía.

La instancia fue co-liderada por Alfredo Moreno —ex ministro primero de Relaciones Exteriores y luego de Desarrollo Social durante ambos gobiernos de Sebastián Piñera—,  y Francisco Huenchumilla, senador del Partido Demócrata Cristiano. Además, Victor Ramos, subsecretario del Interior, se desempeñó como secretario ejecutivo en el proyecto. En total, se conformó por 8 miembros, de los cuales la mitad son de origen mapuche. Entre los otros participantes, se encuentra Gloria Callupe, encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío; Nicolás Figari, ex asesor de la Comisión Asesora de La Araucanía y abogado especializado en derecho internacional; Emilia Nuyado, diputada por el Partido Socialista; Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco y Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa y ex convencional constituyente. 

El documento fue aprobado por siete votos a favor y uno en contra, el de Sebastián Naveillán, por lo que no logró la unanimidad de sus comisionados, como se pretendía. En entrevista con Radio Cooperativa, Naveillán argumentó que “la ambigüedad no puede estar presente. No estoy dispuesto a firmar algo ambiguo que nos haga pagar el costo durante los próximos 30 años”. Además, cuestionó conceptos incluidos en el texto como “derechos colectivos de los pueblos indígenas” y “autogobernanza para las comunidades”, afirmando que “hay palabras que causan dudas” y sugiriendo que el informe refleja “una cuota de octubrismo, probablemente”.

Esto no pasó desapercibido para figuras como Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, que se refirió a esto apenas la comisión terminó de redactar el informe: “todos entendíamos que el informe iba a salir solamente si había unanimidad. Y lo que hemos sabido es que esa unanimidad no existiría (…) Por otra parte, es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales se les tiene que hacer algún tipo de reparación, pero por sobre todo de que tiene que haber una acuerdo absoluto entre todos que no más terrorismo. Sin eso no hay entendimiento posible”. 

El senador Huenchumilla, por su lado, a través del medio Ex-Ante, insistió en que el tema violencia y terrorismo “fue tocado y está resuelto”, agregando además que: “Nosotros no somos tribunales de justicia, por lo tanto no teníamos que pronunciarnos sobre el terrorismo, no estaba dentro de nuestra facultad”. Moreno también abordó la controversia, señalando en T13 Radio que, si bien reconoce la existencia de terrorismo en la zona, dicho análisis no correspondía a la labor de la comisión.

Desde el Gobierno pidieron evitar críticas apresuradas antes de revisar en profundidad el contenido del informe. La vocera subrogante, Aisén Etcheverry, advirtió que cuestionar sin conocer los detalles sería injusta con el trabajo realizado por los comisionados. “Cualquier crítica o comentario tiene que fundarse en lo que el documento dice y adelantar críticas nos parece injusto con el trabajo que realizó la comisión. Aquí, estamos hablando de personas que le dedicaron días, semanas, meses de trabajo voluntario y gratuito trabajando por Chile para construir un acuerdo que nos permita avanzar en un tema que es histórico y que tiene una relevancia absoluta”, declaró.