La educación superior en Chile atraviesa uno de sus momentos más complejos, con despidos masivos, movilizaciones estudiantiles y auditorías que revelan graves irregularidades financieras. En este escenario, las universidades públicas de regiones están sufriendo desafíos que cuestionan no sólo su viabilidad económica, sino también su rol como pilares de la educación pública.

Universidad de Antofagasta
La situación explotó tras el anuncio del despido de 223 profesores pertenecientes a la Planta Académica No Regular. La medida, justificada por el rector Marcos Cikutovic como un intento de contener un déficit financiero que asciende a $28 mil millones, ha sido duramente criticada tanto por estudiantes como por decanos y académicos, quienes acusan falta de planificación y resguardo para las actividades académicas.

La comunidad universitaria reaccionó con fuerza. Los estudiantes, liderados por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta (FEUA), iniciaron la toma de los campus Coloso y Área Clínica, y convocaron a una marcha masiva en protesta por lo que han denominado una «crisis histórica».

La presidenta de la FEUA, Javiera Osven, expresó que esta movilización busca no solo revertir los despidos, sino también exigir transparencia en la gestión financiera de la universidad y garantizar que la educación pública no sea precarizada. “Estamos en toma porque estas decisiones afectan directamente a la calidad educativa y reflejan una falta de comunicación y medidas claras por parte de las autoridades universitarias”, afirmó.

Los recortes han afectado principalmente a las facultades de Educación, Medicina y Odontología, impactando directamente en la continuidad de varias carreras. A esto se suma el apoyo del Colegio de Profesores de Antofagasta, que denunció que los despidos no solo comprometen a los docentes afectados, sino también a los estudiantes, quienes ven mermadas sus oportunidades de aprendizaje. «La educación de la UA no se vende, se defiende», es uno de los lemas que han resonado con fuerza en las manifestaciones.

Universidad del Bío-Bío
La Universidad del Bío-Bío (UBB) enfrenta una crisis interna marcada por el quiebre de las negociaciones entre las autoridades y las asociaciones gremiales de funcionarios, académicos y no académicos de las sedes de Concepción y Chillán.

En una declaración pública emitida este 3 de diciembre, el directorio de las cuatro asociaciones gremiales de la UBB expresó su rechazo a las propuestas de reajuste salarial presentadas por el equipo rectoral y anunció el inicio de movilizaciones permanentes e indefinidas.

Según el documento, las bases gremiales —que representan a casi el 70% de los trabajadores de la institución— consideran insuficiente la oferta de un 3% de reajuste condicionado, pagadero en tres periodos durante 2025.

Las tensiones comenzaron tras la conformación de una mesa técnica liderada por el Vicerrector de Asuntos Económicos, en lugar del rector, como habían solicitado los gremios. Durante las cinco sesiones realizadas, las asociaciones denunciaron maltratos por parte de un integrante del equipo rectoral y criticaron la falta de avances concretos en las negociaciones. A pesar de que los gremios bajaron su solicitud inicial de un 7,5% a un 5,5% de reajuste, la rectoría no entregó nuevas propuestas, lo que llevó al quiebre definitivo del diálogo.

“Después de constatar la falta de voluntad para considerar nuestra propuesta y la ausencia del rector en instancias clave, no nos queda más opción que llamar a la comunidad universitaria a apoyar estas movilizaciones”, señala la declaración.

Universidad de La Frontera
Mientras tanto, en la Universidad de La Frontera (UFRO), se enfrenta a su propia tormenta.
Una serie de auditorías realizadas entre 2018 y 2024 revelaron un preocupante panorama de irregularidades financieras y deficiencias en el control administrativo:
Aumento desmedido de costos laborales: Los gastos en remuneraciones se duplicaron entre 2018 y 2024, con un incremento del personal en un 51%, sin respaldo presupuestario suficiente.

Uso indebido de fondos públicos: Más de $4,300 millones en fondos estatales destinados a infraestructura fueron desviados para cubrir sueldos y déficits operativos.
Irregularidades en créditos estudiantiles: $11 mil millones del Fondo Solidario para estudiantes se utilizaron para otros fines.

Gestión deficiente de proyectos: Se detectaron diferencias de $5 mil millones entre fondos proyectados y disponibles, con plataformas de seguimiento ineficientes.

Debido a la crisis, la UFRO anunció recientemente la desvinculación de 298 funcionarios como parte de un plan de ajuste financiero. Desvinculaciones que se creen pueden seguir aumentando.

Los recortes afectaron áreas críticas, como el programa MásFecsh, que brinda apoyo integral a estudiantes en su transición a la vida universitaria. También se eliminaron coordinaciones clave como Ciudadanía y Participación Estudiantil, encargadas de gestionar proyectos estudiantiles y centros de alumnos.

Pese a que previamente el Gobierno Universitario habría confirmado que la academia no se vería afectada, casos como la carrera de Educación Diferencial, donde sacaron a la directora y secretaria de la carrera, demuestran el incumplimiento de sus compromisos. Asimismo, fueron numerosos académicos que fueron desvinculados pese a actualmente ser profesores en asignaturas e incluso, supervisores de tesis.

Las protestas en la UFRO han escalado, al punto que al menos el 60% de las dependencias de la casa de estudio se encuentran tomadas por estudiantes movilizados en rechazo a los despidos y la eliminación de programas esenciales.

Universidad Austral de Chile
La Universidad Austral de Chile (UACh) ha sido una de las primeras en caer en cuanto a crisis financiera. En este contexto, el Sindicato de Docentes de la UACh (Sindoc) denunció la desvinculación de 23 académicos, 22 de ellos integrantes del sindicato, como parte de un plan de recuperación financiera que proyecta hasta 300 despidos.

En medio de esta crisis, el rector de la UACh, José Dörner, afirmó que, «no hay posibilidad de cierre de la universidad» y destacó que la institución debe «mantener su complejidad» para continuar siendo una universidad de excelencia. Dörner también mencionó que la deuda de la universidad asciende a $90 mil millones debido a la toma de créditos.

Actualmente, la universidad enfrenta un déficit donde gasta más de lo que ingresa, lo que ha llevado a las desvinculaciones. El rector señaló que el plan de recuperación es a dos años, aunque reconoce que es difícil que la institución logre una recuperación completa en ese período.

El Sindoc criticó la «torpeza» en la implementación del plan, señalando errores en la contabilización de cargas docentes que llevaron incluso a revertir desvinculaciones. Exigieron mayor transparencia en este proceso, al tiempo que reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos laborales. Siete carreras permanecen movilizadas, denunciando el deterioro en las condiciones académicas debido a los despidos y al traslado de clases a modalidad online por la toma de edificios.

La UACh, fundada en 1954 como un proyecto descentralizador, ha sido históricamente un referente en la democratización de la educación y la igualdad de género. No obstante, como muchas universidades chilenas, enfrenta los desafíos del “capitalismo académico”: un modelo donde la competencia por recursos y la mercantilización de la investigación ponen en tensión sus principios fundacionales.

Universidad de Magallanes
Por otro lado, la crisis financiera también ha golpeado duramente a la Universidad de Magallanes (UMag), ubicada en la región más austral del país. La institución anunció recientemente la no renovación de contrato para 36 funcionarios de apoyo a la actividad universitaria. En un comunicado oficial, las autoridades de la UMag calificaron esta decisión como “difícil pero necesaria” para garantizar la sostenibilidad financiera de la universidad en un escenario que describen como adverso para todo el sistema de educación superior, especialmente para las universidades estatales de regiones.

Estas medidas no son nuevas en la UMag. En agosto de este año, la universidad implementó un plan de austeridad que incluía la eliminación de permisos sabáticos y la reducción del 20% en los honorarios de varios funcionarios. La rectora aseguró que las medidas buscan garantizar la viabilidad de la institución a largo plazo, aunque reconoció que estas decisiones generan impactos significativos en la comunidad universitaria.

“Sabemos que este es un momento complejo, pero con el compromiso y colaboración de todos lograremos superar los desafíos y avanzar en nuestra misión educativa y de servicio público”, señalaron desde la casa de estudios.

Una crisis estructural de alcance nacional
Los casos de la UA, la UMag y la UFRO no son aislados. Reflejan un colapso estructural en el sistema de educación superior pública, marcado por déficits financieros crónicos, falta de transparencia y un financiamiento estatal insuficiente. Las medidas de austeridad y los recortes masivos están teniendo un impacto devastador en las comunidades universitarias, afectando tanto a estudiantes como a trabajadores.

Mientras las autoridades universitarias intentan contener el impacto con planes de ajuste y promesas de mejoras, la comunidad educativa exige soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad de las universidades públicas, su calidad educativa y su rol como motores de desarrollo regional y equidad social.

La paradoja para un gobierno que fue parte de la revolución pingüina.