Este lunes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite una querella interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón en contra del fiscal nacional, Ángel Valencia. La acción judicial acusa a Valencia de denegación o retardo de servicio, un delito estipulado en el artículo 256 del Código Penal.

Este artículo sanciona a los funcionarios públicos que, de manera maliciosa, retrasen o nieguen a los ciudadanos los servicios que están obligados a prestar, con penas como la suspensión del cargo y multas de entre 11 y 20 unidades tributarias mensuales.

Según la querella, el delito habría ocurrido cuando Valencia no respondió a una denuncia administrativa presentada por Rendón, quien lo acusa de abuso de poder. Esta denuncia está vinculada a un comunicado emitido por la Fiscalía, en el que desmentían declaraciones realizadas por la defensa del abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Hermosilla.

El documento de la Fiscalía señalaba: “Entendemos que el señor Juan Pablo Hermosilla tiene derecho a ejercer la defensa de su representado, (…) pero su rol no puede estar basado en mentiras, acusaciones sin fundamento y en una estrategia alejada de todo proceso judicial”.

Rendón acusa a Valencia de haber utilizado los recursos de la Fiscalía para protegerse en lugar de dar trámite a la denuncia administrativa en su contra. Según el abogado, esta conducta refleja un “total desprecio a la denuncia administrativa que le tocaba proveer” y suma al “abuso de poder de utilizar los medios de la fiscalía para su defensa personal”. Asimismo, criticó que Valencia, lejos de gestionar la denuncia de manera adecuada, intentó “echarle tierra”, calificando esta acción como algo que “debe ser sancionado”.

Además, acusa a Valencia de mantener vínculos con figuras como el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, a quienes asocia con “sectores de la mafia político-económica”. En sus declaraciones, afirmó que este tipo de relaciones, sumadas a los actos cuestionados del fiscal nacional, le restan «completa credibilidad para dirigir a la institución llamada a perseguir estos focos delictivos de alto impacto».

La querella será investigada por un fiscal que debe ser designado por el Consejo Nacional de Fiscalía. Este consejo, excluyendo al propio Valencia, será presidido por el fiscal regional más antiguo, quien supervisará el sorteo para determinar quién estará a cargo de la investigación.