El mandatario -quien se encuentra suspendido de sus funciones desde el 14 de diciembre- ignoró tres citaciones judiciales para ser interrogado por estos hechos, lo que llevó a las autoridades a emitir la orden. Según la solicitud presentada ante el tribunal, habría liderado una insurrección y abusado de su poder tras declarar estado de excepción.

Además, se le acusa de haber ordenado al ejército impedir que los diputados votaran en contra de su decisión, ya que buscaban revocarla.

Este caso marca un hito en la historia democrática de Corea del Sur, ya que se convierte en la primera vez en que un presidente, aún en el poder, enfrenta la posibilidad de ser detenido.