Rodrigo Vallejos (26) dirigente de la organización Resistencia Socioambiental Quilicura dedicada a la protección de recursos naturales, conversó con RDN sobre temas de contingencia en el humedal, tensiones políticas y acciones concretas para resolverlo.

Por: Amanda Ferrada y Consuelo Echevarría

Como dirigente, aprendió a trabajar en conjunto con personas de diversas ideologías, todas unidas por la causa ambiental. «Hay gente que a veces es un poco más de derecha, hay gente que es más de izquierda, pero todos trabajamos a favor del medio ambiente», comenta. Este espíritu inclusivo y colaborativo ha sido fundamental para coordinar esfuerzos con grupos como la Coordinadora Nacional contra Aguas San Isidro y la Red Prolimitacional de Humedales, con quienes comparte la misión vital proteger estos ecosistemas. La misión de Rodrigo va más allá de la simple conservación; es una batalla por preservar el equilibrio de la naturaleza frente a las presiones del desarrollo y la urbanización. 

El activismo de Vallejos no se limita a la recopilación de datos y denuncias. Una parte crucial de su trabajo es la incidencia política. Ha mantenido diálogos con políticos para destacar la urgencia de temas ambientales, recientemente, tuvo la oportunidad de presentar sus preocupaciones en el Senado, abogando por la modificación del DFL 382 de la Ley General de Servicios Sanitarios para incluir la caducidad por contaminación ambiental, el cual entregaría la facultad de caducar concesiones por sanciones ambientales reiteradas, como es el caso de Aguas San Isidro y su historial de denuncias en localidades como los molles, Pichidangui y Labranza, entre otros. En la actualidad, las sanciones ambientales no son motivo de caducidad bajo la ley vigente, una situación que Rodrigo considera inaceptable bajo el contexto actual del cambio climático:

«Es necesario modificar y actualizar la Ley General de Servicios Sanitarios porque es antigua, y tiene que adaptarse al contexto de cambio climático y protección de la naturaleza», enfatiza. Para el líder de la organización, esta modificación es crucial para asegurar que las plantas de tratamiento de aguas servidas protejan el medio ambiente. El dirigente, para ejemplificar esta necesidad, comenta que se requiere agregar motivos de caducidad, como lo pueden ser eventos reiterados de contaminación ambiental, con el objetivo que sean suficientes para caducar la concesión sanitaria. De lo contrario, vamos a seguir permitiendo que empresas como Aguas San Isidro, que ya ha contaminado diferentes humedales y pretende sumar uno nuevo, sigan existiendo.

Como solución, propone seguir los pasos de la planta CECIR, ubicada en la comuna de Lampa, que cuenta con un tratamiento terciario. El proceso implica eliminar el fósforo y los nitratos, de manera que el agua sale más limpia y no contamina y no genera una carga dentro de los humedales:

 

“El 80% del agua de la Laguna de Batuco es gracias a una planta de tratamiento de aguas servidas CECIR. Una planta que provee agua limpia y clara. La empresa, en vez de contaminar un humedal, está alimentando un humedal. Es necesario actualizar la ley de servicios sanitarios, para que no sólo cumplan un rol sanitario, sino también una responsabilidad ambiental”. 

El ámbito legislativo

Tras el esfuerzo de vecinos y organizaciones activistas, una de ellas RS Quilicura, en agosto de 2023 se aprobó de forma unánime en el congreso la creación de una comisión investigadora contra la empresa de Aguas San Isidro para investigar posibles actos de gobierno por el funcionamiento irregular de la planta. Lo anterior en el marco de las múltiples denuncias ciudadanas y multas millonarias que ha acumulado la compañía, frente a la deficiente calidad de agua que provee y los altos niveles de contaminación ambiental que ha provocado en cinco regiones a lo largo de Chile, entre ellas los daños que se prevén ante el eventual funcionamiento en Quilicura y las razones detrás de la aprobación del proyecto.

En la actualidad, distintas entidades han comparecido ante la comisión. Entre ellas la ministra de Obras Públicas, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, sin embargo, hubo un asiento que permaneció vacío, la Ministra Carolina Tohá no se presentó. “Tenemos la hipótesis que hubo presión por parte del Ministerio del Interior para la aprobación de la planta en Quilicura. No es casualidad que uno de los dueños de Agua San Isidro fuera Gustavo Silva Cabello, ex tesorero nacional del PPD mientras Tohá era la presidenta del partido y este estaba siendo investigado como parte del caso SQM”, sentenció Vallejos.

El activista sostuvo que existen intereses comprometidos detrás de las decisiones que se han tomado respecto la planta de tratamiento en Quilicura. “Nos han dicho de forma extraoficial que algunos Seremis los presionaron, de hecho, he recibido comentarios que esa presión estuvo dirigida a los propios partidos políticos de cada uno”, aseguró. Evidencia de las declaraciones de Vallejos es Patricia Hidalgo, ex Seremi de Desarrollo Social, quién el pasado 18 de marzo, en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, afirmó que fue víctima de presiones por parte del Ministerio del Interior para aprobar proyectos de impacto negativo en el territorio.

¿Hay riesgos latentes en Quilicura?

La empresa sanitaria que ya cuenta con más de 30.000 clientes entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos por medio de catorce concesiones, con antecedentes de intoxicaciones, turbiedad del agua, contaminación de humedales y malos olores es la misma que pretende comenzar a operar la planta de tratamiento de Quilicura a metros del humedal urbano más grande la región.

Varias plantas de tratamiento ligadas a Aguas San Isidro, “funcionan mal y son objeto de denuncias por malos olores y otras formas de contaminación”, aseveró. Las irregularidades que podrían repetirse entre residentes y fauna nativa oscilan entre la muerte de peces en los humedales así como también episodios de «lluvia de fecas» debido a un mal tratamiento de lodos, generando que a los residentes sufren de excremento en sus ventanas, por lo que algunos se han visto obligados a techar sus patios y reducir su tiempo al aire libre para evitar que les siga sucediendo. Ante el contexto de un historial de deficiencias, por parte de la empresa, que se ha repetido en lugares como Limarí, Temuco o Los Molles. Rodrigo Vallejos surgiere incluir sanciones ambientales en la legislación. En este sentido, Vallejos es uno, de muchos otros rostros, que se enfrentan contra el inicio de operaciones en la planta de Quilicura, para evitar repetir los patrones.

Lo que podría instalarse como un nuevo paso para asegurar que las plantas operen de manera responsable. «Es importante generar un plan de gestión del humedal hasta 2040 o 2050», dice Vallejos, subrayando la necesidad de conservarlo, para poder protegerlo del avance inmobiliario de Lo Cruzat. “Generar un plan de cómo gestionar el humedal también podría promover el turismo”, explica.

Por otro lado, la planta de tratamiento de Aguas San Isidro, está construida en una zona de riesgo de inundación, lo que representa una amenaza para la comunidad: «Si se inunda ese espacio, va a flotar la caca, va a colapsar el sistema de alcantarillado», advierte Rodrigo. La planta podría contaminar de manera directa el humedal. Además, esta planta descarga sus aguas servidas tratadas en el estero Las Cruces, un hábitat de coipos y más de noventa especies de aves, lo que pone en riesgo la biodiversidad local. 

El humedal, que consta con cinco sectores y alberga una gran biodiversidad, tiene el rol de regular el ciclo del agua, capturar carbono y mejorar la calidad del agua, pero si la contaminación lo alcanza, a través del contacto con materia fecal, entrará en un proceso de autofitización, es decir, dejará de absorber dióxido de carbono (CO2) y comenzará a liberarlo, alterando su rol como sumidero de carbono y contribuyendo al cambio climático. Este proceso puede llevar a la pérdida de hábitats para diversas especies, alteraría la composición de la comunidad biológica, reduciendo la diversidad y la capacidad del humedal para proporcionar así como su función ecológica. 

«La fauna se ve afectada, principalmente el estero de las Cruces, está en riesgo que la planta genere descargas al humedal con un mal tratamiento y eso podría provocar mortalidad tanto de peces como también de la fauna que habita en el humedal»

Pese a los riesgos latentes, existe un escenario positivo. Las acciones concretas para asegurar un desarrollo sostenible inician en el Ministerio del Medio Ambiente, para el dirigente de RS Quilicura, es indispensable que se reponga la declaratoria del humedal urbano. En el pasado fue uno de los primeros 33 humedales urbanos declarado en 468,3 hectáreas, pero a día de hoy, requiere que se vuelva a repetir el proceso. Además, apunta a que es imprescindible la actualización del Plan Regulador Comunal de Quilicura que data del año 85’ podría evitar la construcción inmobiliaria en la zona.

Cabe destacar, otros pasos a seguir son generar una recuperación hídrica de sectores del humedal y la gestión de un compromiso con el sector industrial, de la comuna, para que reutilicen el agua que está involucrada en sus procesos. Así sería posible ocupar el humedal de Quilicura y se convierta en un ciclo circular. La industria en Quilicura extrae agua de nuestras napas, pero no la devuelven al mismo territorio, como relleno del mismo humedal, sino que termina en el río Mapocho o Maipo. “Espero que el Gobierno cumpla con su compromiso ambiental con Quilicura y que no se hagan los lesos”, sostiene.