En conversación con Red de Noticias Chile, El ex consejero constitucional y activista por los derechos indígenas, Alihuén Antileo, analiza la situación actual del pueblo Mapuche y las comunidades indígenas.
Por Josefa Leiva y Tomás Gómez
“Mapuche, demócrata y antifascista”. Con esas tres palabras se define quién fue integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cofundador y ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), único representante del pueblo Mapuche en el último proceso constitucional y actual presidente de la Plataforma Política Mapuche (PPM), Alihuén Antileo Navarrete (59).
Desde su constante diálogo con organizaciones del pueblo Mapuche y del movimiento indígena en general, el también licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad La República opina sobre el desempeño del Gobierno en estos temas. Sobre aquello, Antileo destaca la iniciativa de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, la cual fue creada por el Presidente Gabriel Boric en 2023 con el objetivo de trazar una planificación para restituir las tierras del pueblo Mapuche, mayormente ubicadas en la región de La Araucanía y Bío-Bío.
A pesar de sus elogios a la Comisión, el ex convencional critica la poca exposición pública que ha tenido por parte del gobierno, lo que genera que “haya expectativa, pero también preocupación y dudas”. Asimismo, el presidente de la PPM menciona que para los otros pueblos indígenas de Chile “ya no hubo nada más” por parte de las fuerzas políticas, aparte de las pocas ayudas que reciben actualmente del Estado.
Por otro lado, Antileo también analiza la relación entre el gobierno y los grupos armados mapuches que se encuentran en la región de La Araucanía, la cual lleva dos años en estado de excepción constitucional de emergencia por los hechos violentos que ocurren en esa zona, siendo el asesinato y posterior quema de tres carabineros -acontecimiento aún sin culpables o detenidos- el último suceso de gran repercusión pública en la región.
En este sentido, el ex vocero de la CAM -uno de los grupos armados mapuches más importantes de La Araucanía- resalta que “el estado de emergencia no cayó del cielo. Aquí hubo intencionalidad política de parte de estos grupos armados y tienen una alta responsabilidad en ese cuadro político”. Siguiendo esta línea, Antileo sentencia que hoy “estos grupos no cuentan con el apoyo ni la legitimidad del pueblo Mapuche o la opinión pública”.
—Hace unas semanas, Héctor Llaitul fue condenado a 23 años de cárcel, ¿cree que esta condena pueda impactar en el diálogo futuro o en el conflicto Mapuche en general?
—No creo que impacte mayormente, puesto que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) viene desde hace diez años perdiendo influencia y control territorial en la zona de conflicto; y eso se demuestra precisamente por la creación de otros tres grupos armados, que son desprendimientos de la Coordinadora y su estrategia política. De la CAM se desprendió la Weichán Auka Mapu (WAM), después de esta la Resistencia Lafkenche y luego de esa se desprende el Movimiento de Liberación Mapuche u otros. Considerando que su principal dirigente -Héctor Llaitul- y sus hijos se encuentran encarcelados -junto a varios de sus miembros- su capacidad práctica de incidir en los territorios ha disminuido considerablemente. Así, estos grupos van a continuar siendo golpeados, porque hay un clima donde el tema mapuche en general, y estos sectores en particular, no cuentan con el apoyo ni la legitimidad tanto del pueblo Mapuche como de la opinión pública. Están en su momento más débil.
—¿Estos grupos armados tienen las mismas demandas que la comunidad Mapuche en general?
—El sustento principal de estos grupos es la demanda territorial, y en eso coincide con las múltiples comunidades y organizaciones mapuches: es algo transversal. Los métodos para alcanzar esa demanda son los que difieren. La mayoría apoya la vía institucional y la minoría, como ellos, quieren recuperar el territorio ancestral ahora. Sin embargo, estos grupos no tienen mayor incidencia en las otras demandas, como la participación política diferenciada. La mayor parte del movimiento Mapuche apoya la participación política y eso se demuestra, por ejemplo, en el padrón indígena electoral que se creó para la primera convención, en donde participaron alrededor de 220 mil indígenas y en el segundo proceso alrededor de 320 mil o 340 mil. Se evidencia, entonces, que hay personas que se pronuncian para hacer cambios constitucionales y para que existan más representantes. Sin embargo, los grupos armados no consideran para nada esa demanda transversal, ni tampoco los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas. Si nosotros queremos dialogar con el gobierno o avanzar en materia de derechos educativos no le vamos a preguntar a la WAM, a la CAM o a la Resistencia Lafkenche qué es lo que piensan, porque no nos orientan en nada. No hacen ningún aporte en el plano religioso, cultural, educativo o económico que hicieron en su comienzo, ni tienen la legitimidad inicial, precisamente por no atender las demandas. Por ejemplo, ¿cuál es la propuesta de estos grupos para vivienda, salud y educación de los mapuches de Santiago? Ninguna. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que atender sus demandas si ellos no atienden las nuestras? Nunca los vemos trabajando con asociaciones o en terreno. No entendemos y no compartimos que ellos hablen a nombre del pueblo Mapuche, ¿a quién le preguntaron eso? Julio Marileo y yo obtuvimos 300 mil votos en el último proceso constitucional y ni aun así hablamos a nombre del pueblo Mapuche ni de los pueblos indígenas: hablamos de las demandas a grandes rasgos, pero los pueblos y las regiones tienen sus propias demandas. Entonces, ¿grupos que no representan más de cinco mil o diez mil personas van a pretender hacernos creer que ellos representan al pueblo Mapuche? Claramente es un despropósito, ellos no representan ni al pueblo Mapuche ni a las demandas de la inmensa mayoría del movimiento Mapuche organizado. Deben hacerse cargo de su discurso y de su estrategia de lucha.
—¿Piensa que las acciones de estos grupos armados han contribuido a un estereotipo? Más específicamente, en los medios de comunicación.
—Sí, eso es así porque los estereotipos y la construcción de actores políticos dependen en gran medida de la cobertura de los medios de comunicación. No es lo único, pues hay una dinámica propia de estos movimientos de cualquier actor político-social en Chile y en el mundo. En este sentido, en los últimos diez años se ha conformado un estereotipo violentista del pueblo Mapuche por estos grupos que reivindican a todo el pueblo el uso de sus métodos y, en consecuencia, se cree que todos andan en eso. Dos meses antes del plebiscito de la convención estas organizaciones lanzaron una ofensiva armada y, por ende, los medios trataron todos los días 20 a 25 minutos el tema de la quema de casas, de hoteles y molinos. El resultado de esto es que en la zona la mayoría rechazó los derechos de los pueblos indígenas. Los convencionales tienen tal vez un grado de responsabilidad, pero fuera de la convención se estaba creando un clima de caos absoluto.
—¿Cree que en el tema de la restitución de tierras los grupos armados debieran ser considerados?
—No hay que excluir a nadie, pero claramente estos grupos que tienen como método de acción política la lucha armada no abarcan todas las comunidades que hay. Sin embargo, debe hacerse una propuesta general que incluya a esos sectores, no me cabe la menor duda.
Una política pública “deficiente”
—Respecto de estos dos primeros años de Gobierno, ¿cómo evaluaría el desempeño institucional en torno a la resolución de las problemáticas del pueblo Mapuche?
——Aquí hay a lo menos dos grandes niveles. Uno tiene relación con la institucionalidad y con la capacidad instalada que tiene el Estado, que realiza una serie de prestaciones y servicios hacia la población indígena en general y hacia el pueblo Mapuche en particular. Esto es fundamentalmente lo que hace la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y las instituciones que se ocupan del tema indígena. En esta línea, a diferencia de otros periodos, Conadi ha demostrado una mejor gestión, que se refleja en el cumplimiento del presupuesto. Han existido períodos en donde no hay una ejecución completa del presupuesto y por ende tampoco de los objetivos de cada administración. A pesar de ello, Conadi como institución, y en general la institucionalidad destinada a pueblos originarios, está obsoleta. Eso no depende de la actual institucionalidad ni de la dirección de la administración actual de Conadi. Las demandas indígenas, y mapuches en particular, han sobrepasado ampliamente las atribuciones que tiene el Estado. En ese plano, hacen lo que pueden con lo que tienen, por lo que hay que destacar la ejecución presupuestaria del gobierno como un acto positivo. Desde el punto de vista a largo plazo, hay una iniciativa importante que es la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que tiene particularidades que no se habían dado en ninguna otra administración, puesto que las otras comisiones estaban apegadas al gobierno de turno y su entorno político. Pero en los dos últimos años se ha constituido esta instancia presidencial que cuenta con todo el espectro político -con representación parlamentaria- existente en Chile, por lo tanto hay desde republicanos hasta comunistas.
—¿Por qué cree que es importante la composición política de la comisión?
—Porque ante cualquier propuesta o recomendación que se haga se necesitará una bajada legislativa presupuestaria. Al contar con este abanico transversal de partidos existen más posibilidades de que puedan materializarse las propuestas legislativas que atienden a las recomendaciones de esta comisión. Eso es una característica propia de este gobierno; un diseño político que es positivo. Sin embargo, por un lado, la comisión solo va a tratar el tema territorial mapuche, que es el foco del conflicto de los últimos 20 o 30 años, pero la política indígena es bastante más amplia y lamentablemente para los demás pueblos ya no hubo nada más. Por otro lado, dada la poca difusión del trabajo de la Comisión, no sabemos en qué etapa se encuentran ni sus propuestas: solo sabemos que está funcionando. Solo se puede adelantar que van a generar un catastro de los terrenos y, en función de eso, los métodos de reparación, ya sea restituyendo predios, comprándolos o expropiándolos para que sean devueltos en un plan de diez, quince o veinte años. Ahora, si la Comisión entrega una propuesta y no hay recursos económicos adicionales va a ser un fracaso. Se va a tener un cúmulo de antecedentes de la deuda histórica territorial, unas 250 a 300 mil hectáreas -una cantidad hipotética porque nosotros pensamos que es más-, pero no habrá mayores recursos para su resolución. Entonces el único sistema para satisfacer la demanda territorial continuaría siendo Conadi, el cual está absolutamente colapsado y esto se demuestra en que hay alrededor de 600 o 700 comunidades en lista de espera, pero no cuentan con recursos. Anualmente se satisfacen alrededor de 20 o 25 demandas, por lo que se tendría que esperar 30 años más para compensar las que ya existen. Considerando que con la propuesta de la comisión aumentarían en unas 200 o 300 más, el pueblo Mapuche debería esperar 50 años. Por eso es importante generar nuevas partidas económicas o nuevos presupuestos especiales, lo que espero que sea una de las recomendaciones del informe final de la comisión. Al no saber la interna de la comisión, hay expectativas, pero también hay preocupación y dudas.
—¿Cree que se ha avanzado en política pública?
—En estos dos años ha sido deficiente la política pública hacia la población indígena y mapuche urbana. Esto es importante señalarlo porque la mitad del pueblo Mapuche vive en la zona central, desde La Serena hasta Chillán, el 48% para ser exactos. Si no hay anuncios nuevos para este ámbito significa dejar a la mitad de la población Mapuche fuera. Lo mismo pasa con los demás pueblos, alrededor del 60% al 80% de la población indígena vive en la ciudad. Todavía permanece una mirada rural de los indígenas, un estereotipo, como si los indígenas vivieran solo en el campo y eso no es así.
—En este sentido, ¿cree que se presentarán propuestas nuevas?
—Si las propuestas no se pretenden concretar en los próximos seis meses a un año no se va a hacer -por el próximo año electoral- y para eso estaba el Día de los Pueblos Indígenas, que era la última oportunidad para presentar algún proyecto. En esta línea, esperábamos que se presentara la creación del Ministerio de Pueblos Originarios, que es una demanda sentida de hace 25 o 30 años y una de las más antiguas del movimiento indígena. Esto se vincula a que actualmente la política indígena está radicada en Conadi, que como mencioné está colapsada, y en oficinas que existen a nivel municipal, pero que no cuentan con la capacidad para atender las necesidades de los mapuches y de los indígenas en general. Se planteaba también un consejo de pueblos originarios, pero tampoco se atendió, y esto se relaciona no solo con la voluntad política de este gobierno, sino que también con el contexto del país. Claramente los dos fracasos constitucionales marcaron una tendencia regresiva en materia de reforzamiento de los derechos de los pueblos. Esto hay que considerarlo porque si no parece como que simplemente el Gobierno no quiere hacer las cosas. Es necesario un clima y una correlación de fuerza parlamentaria, social y política que permitan hacer esos cambios.
—¿Cree que el Gobierno ha seguido el relato de su campaña con respecto al conflicto mapuche?
—Cuando se habla del conflicto mapuche se habla de resolver el conflicto territorial. En esa línea solo existe la Comisión de la Paz y el Entendimiento. Lamentablemente soy pesimista en ello, pues no veo una discusión política considerable al respecto. Por el lado de la participación política, por ejemplo con el tema de los escaños reservados, se podría enviar un proyecto de ley al Parlamento y no se ha hecho. Entonces, tomando como referencia la campaña de este gobierno, en donde sí se hablaba del conflicto indígena como un tema político a considerar, evidentemente hay un retroceso. El peso de la inclusión del tema territorial o indígena en la agenda política de gobierno a mi juicio ya no existe; ya no se considera, y por eso se deja a la institucionalidad ya instalada. El único cambio – que es una expectativa porque aún no se materializa nada- es la Comisión, que queda al debe.
—¿Cree que el prolongado estado de excepción en la Araucanía y en las provincias de Bío Bío y Arauco ha producido un prejuicio sobre el pueblo Mapuche?
—Es un factor que contribuye bastante en la estigmatización de la causa mapuche, pero no es el mayoritario. No se puede desconocer que hay organizaciones que operan desde hace mucho tiempo y que rechazaron el diálogo cuando este gobierno asumió. El primer lunes político de esta nueva dirigencia fue precisamente el intento de la exministra del Interior, la vicepresidenta Izkia Siches, de constituirse en la zona para iniciar un diálogo bilateral y atender la demanda territorial. Sin embargo, estos sectores más radicalizados y posteriormente los grupos armados mapuches cierran cualquier posibilidad de diálogo, declaran la guerra al sistema, descalifican a este gobierno y llaman a redoblar los acciones de sabotaje y las acciones armadas.
—¿Considera que hubo un quiebre desde este hecho?
—Hubo una negativa de parte de esos grupos a dialogar, porque si la vicepresidenta del país hace ese gesto político y tú la recibes con barricadas y a balazos, no es Izkia Siches quién quebró el diálogo. Al contrario, lo que ella hizo fue el gesto de ir a establecer lazos o los primeros acercamientos. Además, el gobierno parte levantando el estado de excepción de emergencia. Sin embargo, alrededor de seis a ocho meses después se asesina a un camionero, lo que genera un paro por parte de ellos a nivel nacional. En consecuencia, los camioneros solicitan el restablecimiento del estado de emergencia y el gobierno, para destrabar ese paro que complicó fuertemente la economía y el abastecimiento de combustible, decreta el estado de emergencia. Entonces, no es que el estado de emergencia cayó del cielo, hubo una intencionalidad política de parte de estos grupos armados y tienen una alta responsabilidad en ese cuadro político. Y en segundo lugar tienen responsabilidad en la derrota de la primera convención, que es lo más importante de todo porque nunca el movimiento indígena había estado tan cerca de concretar sus demandas, y lo que ellos llamaron fue a boicotear y sabotear este proceso. Por lo tanto, no es un tema del gobierno solamente, también hay actores que contribuyeron a generar este cuadro en el que nos encontramos.
