La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar más de 12 mil millones de pesos en forma de indemnización a los familiares de los 81 reos fallecidos en el fatídico incendio de la cárcel de San Miguel en el año 2010.

Entre las víctimas de la tragedia se encontraba gente que cumplía prisión preventiva por delitos menores, como por ejemplo, vender CDs en ferias.

En un fallo unánime, el tribunal de alzada tomó la decisión de aumentar los montos de indemnización para las familias de los reclusos, dividiéndose en tres grupos: Cónyuge o hijos, padres y hermanos de las víctimas. Sumando en total 258 personas.

Cabe recordar que, en el año 2020 el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado pagar más de $3.700 millones por daño moral a las familias de los reos. Sin embargo, la Corte, basándose en «los efectos emocionales que produce en cualquier persona promedio la muerte de un familiar o ser querido”, decidió establecer un piso de igualdad entre quienes hayan logrado probar algún parentesco o una cercanía e intimidad con los fallecidos.

El tribunal logró comprobar que el Estado tuvo gran responsabilidad en el accidente, debido a la falta de medidas de seguridad, ya que existía una inadecuada detección de riñas, el consumo de alcohol era algo cotidiano e incluso se manejaban materiales inflamables dentro del recinto.

En el fallo también se culpa al personal de Gendarmería, ya que a pesar de los esfuerzos de estos en el incendio, las medidas preventivas y de contingencia fueron totalmente insuficientes y deficientes.

El macabro siniestro del ocho de octubre del 2010 dejó 81 muertos, 26 heridos y 200 internos que tuvieron que ser evacuados. Hoy, más de diez años después, se espera poder dar aunque sea un poco de justicia a las familias de los afectados.