El Gobierno argentino anunció ayer la disolución de la unidad encargada de investigar la desaparición de niños durante la dictadura. Esto, por considerar que su normativa “violaba la división de poderes” en el Estado. 

La unidad, creada por el expresidente argentino Néstor Kirchner en el 2004, formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y tenía la facultad de acceder a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el objetivo de facilitar sus investigaciones.

Debido a sus facultades, el Ministerio de Justicia argentino afirmó, mediante un comunicado, que “esta unidad del Poder Ejecutivo violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba a cabo funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, y violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”.

Siguiendo esta línea, en el comunicado se menciona que “gobiernos anteriores se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos a través de la Unidad Especial de Investigación”, por lo que “violaron el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas”.

Por su parte, el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, indicó que la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.

Tras la decisión del Ejecutivo, la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo -la cual fue un referente en Argentina en la lucha contra la dictadura- expresó, mediante un comunicado, su repudio a la decisión del Ejecutivo, mencionando que “el Estado argentino, en su conjunto, incumple normas internacionales de rango constitucional y garantiza impunidad por crímenes ocurridos, pero también por ocurrir”.

La Asociación también negó que la labor de la unidad se superponga con la del Poder Judicial, pues este mismo, “lejos de ver una intromisión en su tarea, reconoce el aporte de estas herramientas, construidas como políticas públicas de la democracia (…). La decisión del Gobierno de eliminar la UEI obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y nietas y favorece la impunidad“.