El Mostrador reveló que la exministra de Educación y actual candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, enfrenta cuestionamientos tras revelarse que recibía un sueldo mensual de $17 millones brutos en la Universidad San Sebastián (USS), durante los casi cuatro años que se desempeñó en el establecimiento educativo. 

Según fuentes internas de la universidad, se le pagaba como docente e investigadora, pese a que no habría impartido clases ni realizado investigaciones.

Cubillos defendió su trabajo en la USS –de la cual Andrés Chadwick, ex ministro del interior, es presidente de la junta directiva–, afirmando que fue una de las profesoras mejor evaluadas, haciendo sesiones vespertinas mientras era parte de la convención, e incluso publicando varios libros. Justificó su remuneración, señalando que es la universidad quien establece las políticas salariales. “¿Es un buen sueldo? Sí. Pero la universidad es privada y fija sus sueldos”, dijo en respuesta a los cuestionamientos. 

Sobre su permanencia en Madrid, argumentó que continuaba trabajando en Chile aún pese a que su esposo, Andrés Allamand, secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) asumió el cargo en el extranjero. 

Sin embargo, las dudas persisten. Un alto funcionario administrativo de la USS señaló que la exministra no contaba con un permiso laboral para desempeñarse desde el extranjero y que no se tiene constancia de sus clases o investigaciones. Además, el nombre de la exmilitante de la UDI no figura en el registro de investigadores de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) 

El caso plantea interrogantes sobre el uso de universidades privadas como plataformas para políticos en períodos de receso electoral, generando fuertes críticas hacia el rol que estas instituciones podrían estar jugando en la política nacional. Más aún ante el reciente vínculo con el caso Hermosilla, que ha salpicado a varios exfuncionarios y políticos cercanos a la universidad. Esto ha llevado a que la casa de estudio intente desvincularse de figuras públicas involucradas para mitigar el impacto. Quienes, hasta hace poco tiempo, habían estado o estuvieron vinculados laboralmente al establecimiento privado. 

Entre estas figuras destacan el exministro del Interior, Andrés Chadwick, ante su ya mencionado cargo en la junta directiva, los miembros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, el ex Fiscal Regional, Manuel Guerra, y el exministro Felipe Ward, quien está imputado.

En este contexto, sale el caso de Marcela Cubillos, al igual que el del diputado Diego Schalper, quien mantuvo durante cuatro años un contrato de 22 horas semanales de docencia en la casa de estudio. Sin embargo, funcionarios aseguran que el parlamentario asistía “poco y nada” a sus actividades. «Existían muchas irregularidades», aseguran dichas fuentes.

La diputada independiente, Camila Musante, anunció que se ingresó una denuncia ante la Superintendencia de Educación ante la reciente de los hechos, solicitando una Comision Especial Investigadora. “¿Qué es lo que ocurre realmente con la Universidad San Sebastián? … Es importante esclarecer las responsabilidades si es que acá hay una suerte de cajero automático de la UDI, de los amigos de Hermosilla, o si esta universidad está funcionando de acuerdo a lo establece la ley” cuestionó la diputada al respecto.

Por su parte, la Superintendencia de Educación Superior (SES) anunció en un comunicado tarde que se “ha oficiado a la Universidad San Sebastián para que entregue un informe y los antecedentes de respaldo en un plazo de cinco días hábiles”.