Entre el 1 y el 31 de agosto se recibieron 4.820 denuncias de acoso y violencia laboral bajo el marco de la Ley Karin. De ese total, 3.844 denuncias provienen del sector privado y 976 del sector público. Según datos presentados por la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, en el balance de los dos meses de implementación de la ley la cual modificó el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo
Desde su implementación, se han generado un promedio de más de 160 denuncias diarias. Considerando los 20 días hábiles de agosto, esto se traduce en 241 denuncias por jornada.
La ministra Jara estuvo acompañada por el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes; el director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno; y la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana. Durante la presentación, Jara subrayó el carácter preventivo de la normativa: “El corazón de esta ley está en la prevención. Se trata de generar espacios laborales saludables y de bienestar, donde exista una cultura de respeto mutuo y relaciones adecuadas”. La ministra destacó que la ley está alineada con la ratificación por parte de Chile del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Atenciones psicológicas tempranas y denuncias
Durante el primer mes de vigencia de la ley, se realizaron 1.852 atenciones psicológicas tempranas (APT) para trabajadores que reportaron haber sufrido acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. Estas atenciones, que son responsabilidad del empleador, buscan ofrecer apoyo inmediato a las víctimas de estos abusos. De estas atenciones, un 80,6% fue motivado por casos de acoso laboral, un 3,2% por violencia en el trabajo, y un 6,2% por acoso sexual. Un 73,3% de las personas atendidas fueron mujeres.
Del total de 4.820 denuncias, 3.844 provienen del sector privado y 976 del sector público. De las denuncias en el sector privado, 2.928 están en etapa de análisis jurídico, mientras que 906 están en proceso de fiscalización. Dentro de este grupo, 795 casos (87,8%) corresponden a acoso laboral, 64 (7%) a acoso sexual, y 47 (5,2%) a violencia en el trabajo.
En el sector público, de las 976 denuncias registradas, 717 (73,4%) son por acoso laboral, 202 (20,6%) por violencia en el trabajo y 57 (5,8%) por acoso sexual. En ambos sectores, las mujeres son quienes más denuncian. En el sector privado, un 68% de las denuncias fueron presentadas por mujeres, mientras que en el sector público esta cifra se eleva al 77%.
Distribución geográfica y sectores productivos
La Región Metropolitana concentra el mayor número de denuncias en el sector privado, con un 29% del total, seguida por la región de Valparaíso (9,9%) y la región de O’Higgins (6,7%). En el sector público, la Región Metropolitana también lidera con un 34,6% de las denuncias, seguida por Valparaíso (13,3%) y Los Lagos (10,8%).
En cuanto a los sectores productivos más afectados, el comercio al por mayor y al por menor, así como la reparación de vehículos automotores y motocicletas, registran la mayor cantidad de denuncias con un 19,6%. Le siguen las actividades de servicios administrativos y de apoyo con un 12,3% y el sector de la enseñanza con un 10%.
Avances en septiembre
Durante la primera quincena de septiembre, el número de atenciones psicológicas tempranas continuó aumentando. Entre el 1 y el 15 de septiembre se realizaron 1.170 nuevas atenciones, de las cuales el 80,3% fueron por acoso laboral, el 15,5% por violencia en el trabajo y el 4,3% por acoso sexual. Este incremento en las atenciones refleja el compromiso con la implementación de la normativa y la importancia de abordar estos temas de manera proactiva.
En cuanto a las denuncias, en los primeros 15 días de septiembre, el sector privado recibió 1.557 nuevas denuncias, confirmando la tendencia a un mayor involucramiento de los trabajadores en la protección de sus derechos bajo la nueva normativa.
Capacitación y difusión
En materia de capacitación y difusión, las autoridades destacaron los esfuerzos realizados para asegurar que empleadores y trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones bajo la Ley Karin. Desde la entrada en vigencia de la ley, se han llevado a cabo 102.268 actividades de asistencia técnica, capacitación y difusión por parte de mutualidades, alcanzando a 98.889 entidades empleadoras en todo el país.
El Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría de Previsión Social, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social también han realizado 726 actividades de capacitación, las cuales beneficiaron a más de 50.700 personas a nivel nacional. Entre los capacitados se incluyen 28.859 funcionarios del Estado que han participado en cursos del Servicio Civil enfocados en la erradicación de la violencia y el acoso en el trabajo, así como 18.976 personas del sector salud.
Por su parte, el Servicio Civil ha organizado jornadas de capacitación, que contaron con la participación de 3.806 trabajadores del Estado, entre directivos y funcionarios públicos, quienes recibieron información sobre los alcances e impacto de la ley.
Futuro de la ley y próximos informes
La ministra Jara recordó que los datos entregados en este balance son preliminares y corresponden a un esfuerzo extraordinario realizado por el Ministerio del Trabajo y sus servicios vinculados, como la Subsecretaría de Previsión Social, la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social y el Servicio Civil. Según el Reglamento de la Ley Karin, la Dirección del Trabajo deberá entregar un informe estadístico detallado en enero de 2025, que incluirá el análisis del periodo entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2024. Posteriormente, se establecerá un reporte semestral sobre la implementación de la normativa.
Con esta ley, el gobierno busca sancionar las conductas abusivas en los espacios laborales, como también prevenirlas, promoviendo ambientes de trabajo más seguros y respetuosos para todos los trabajadores y trabajadoras del país.