La muerte de Antonia Barra el pasado 13 de octubre de 2019, marco un antes y un después en el país. La joven, de tan solo 20 años, quitarse la vida tras ser víctima de una violación a manos de Martín Pradenas.

Este hecho no solo marcó a su familia, sino que también desató un movimiento social y judicial que culminó con la creación de la Ley 21.523, más conocida como la «Ley Antonia», promulgada en diciembre de 2022. Esta normativa busca mejorar las garantías procesales de las víctimas de delitos sexuales y evitar la revictimización, con especial enfoque en aquellos casos que, como el de Antonia, resultan en suicidio debido al trauma de la agresión.

Antonia, quien fue atacada por Pradenas en septiembre de 2019 durante un viaje a Pucón, no denunció por miedo a las consecuencias de contarle a sus padres. Tres semanas después, se lo confesó a su expareja, quien grabó la conversación y posteriormente la divulgó. Un día después de esta revelación, Antonia decidió acabar con su vida.

«Las navidades ya no son iguales, los cumpleaños, los almuerzos familiares… Siempre va a faltar uno», expresó Carla Barra, hermana de Antonia, reflejando el profundo impacto emocional que este suceso dejó en su familia.

El camino hacia la justicia fue largo y tortuoso para la familia Barra. Tras un proceso judicial que se extendió por casi tres años, en 2023 Martín Pradenas fue condenado a 17 años de cárcel por varios delitos sexuales, incluyendo la violación de Antonia.

Sin embargo, este segundo juicio llegó luego de que la Corte Suprema anulara la sentencia inicial, que lo había condenado a 20 años en 2022, debido a la falta de imparcialidad del tribunal. «No es una condena que nos satisfaga, solo es un remedio que no nos calma completamente», comentó Alejandro Barra, padre de Antonia, al conocer la decisión judicial.

La promulgación de la Ley Antonia fue un paso importante para las víctimas de delitos sexuales. Entre sus innovaciones, la ley introduce la figura del «suicidio femicida», sancionando a quienes, a través de violencia de género, provoquen el suicidio de la víctima.

Además, establece medidas preventivas y de protección para evitar la revictimización durante el proceso judicial. El objetivo principal es asegurar que las víctimas no sean tratadas como responsables de su sufrimiento.

En el contexto de los delitos sexuales, la revictimización se refiere a cuando una víctima sufre nuevamente daños emocionales o psicológicos a causa del trato que recibe durante el proceso judicial, social o médico. En lugar de ser apoyada y protegida, la víctima es expuesta a situaciones que amplifican su dolor, como el tener que repetir su testimonio en múltiples ocasiones, enfrentarse a actitudes de desconfianza o culpa, o ser tratada de manera insensible por las autoridades.

En el caso de la Ley Antonia, uno de los principales objetivos es evitar la revictimización de las personas que han sido víctimas de agresiones sexuales, garantizando un trato digno, respetuoso y con perspectiva de género a lo largo del proceso judicial. Esto implica, por ejemplo, que se tomen medidas para que las víctimas no tengan que enfrentarse directamente a su agresor o que no sean sometidas a interrogatorios o procedimientos que las hagan sentir culpables o responsables del abuso que sufrieron.

«Queremos insistir que la perspectiva de género en la justicia no es algo que nubla la imparcialidad, sino que justamente permite demostrar que el culpable es el agresor», subrayó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en su momento celebrando el avance de esta legislación.

Aunque su familia ha encontrado en la condena de Pradenas una pequeña forma de alivio, el vacío que dejó Antonia es irreparable. Aún más, tras la muerte del hermano mayor de Antonia, Sebastian Barra, quien falleció en un accidente de tránsito en Temuco el pasado 10 de febrero.

A cinco años de la partida de Antonia, su historia sigue siendo un símbolo de la lucha por una justicia con perspectiva de género en Chile.