La Ley Antievasión, que entrará en vigencia en enero de 2025, traerá consigo una serie de nuevas regulaciones que buscan combatir la evasión fiscal, especialmente en el comercio informal que se realiza a través de redes sociales.

Una de las medidas más destacadas es la obligación de los bancos e instituciones financieras de informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando uno de sus clientes reciba un número elevado de transferencias, lo que permitirá al SII identificar a aquellos que realizan ventas sin cumplir con sus responsabilidades tributarias.

¿Cómo funcionará esta nueva normativa?

De acuerdo con la Ley, las entidades financieras deberán reportar al SII cuando un cliente reciba 50 o más transferencias de personas diferentes en un mes, o si acumula 100 o más abonos en un período de seis meses. Este reporte incluirá detalles sobre la identidad del titular de la cuenta, la cantidad de transferencias y los montos asociados.

La información se entregará semestralmente, en los meses de enero y julio, con el primer informe a presentarse en enero de 2025, cubriendo los movimientos del segundo semestre de 2024.

Este control tiene como objetivo frenar las transacciones informales que se realizan a través de plataformas digitales. Muchas personas utilizan redes sociales para vender productos, pero no declaran ingresos ni pagan impuestos, lo que genera una alta tasa de informalidad. 

Impacto de la Ley en las ventas por redes sociales

Con el crecimiento exponencial de plataformas como Instagram y Facebook Marketplace para la venta de productos, la Ley Antievasión responde a la necesidad de regular este tipo de transacciones. El SII podrá identificar a los emprendedores que utilizan estos canales y que no han iniciado actividades formales, obligándolos a regularizar su situación. 

Esto implica que quienes se detecten bajo este esquema deberán pagar IVA y otros impuestos correspondientes a sus ingresos, contribuyendo así a aumentar la recaudación fiscal.

La gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Bernardita Silva, destacó que alrededor del 10% de las transacciones en Chile son informales, pero que la informalidad aumenta significativamente cuando se trata de ventas a través de redes sociales, alcanzando hasta el 40%. La nueva normativa busca revertir esta tendencia, incentivando a los vendedores informales a regularizar sus actividades y cumplir con sus obligaciones tributarias.

Recaudación fiscal y objetivos de la Ley

El gobierno estima que, con la entrada en vigor de la Ley de Cumplimiento Tributario o «antievasión», se podría aumentar la recaudación en un 1,5% del PIB, lo que equivale a aproximadamente 4.500 millones de dólares. De estos, 1.200 millones estarían destinados a financiar el Presupuesto 2025, con recursos enfocados en programas como el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y medidas de seguridad pública.

La ley no solo tiene como objetivo regularizar a los vendedores informales, sino que también busca combatir la evasión en otros ámbitos. Por ejemplo, se eliminó la exención de impuestos para productos importados de bajo valor, anteriormente fijada en 41 dólares. Esto significa que, a partir de la vigencia de la ley, los productos importados a través de plataformas digitales (como Shein, Temu y Aliexpress) estarán sujetos a un sistema simplificado para el pago de IVA en productos con un valor de hasta 500 dólares. 

Este cambio pretende eliminar las ventajas fiscales que algunos productos tenían frente a las compras nacionales, fomentando una competencia más justa.

Nuevas obligaciones para contratistas del Estado y medidas contra el crimen organizado

Otro aspecto importante es la imposición de nuevas exigencias para quienes contraten con el Estado. A partir de ahora, las entidades gubernamentales, los gobiernos regionales y las municipalidades deberán asegurarse de que todos los proveedores con los que contraten hayan iniciado actividades formalmente y cumplan con sus obligaciones tributarias. Esto garantiza que los recursos públicos no se destinen a empresas o individuos que eludan sus responsabilidades fiscales.

Además, la normativa contempla medidas específicas para combatir el crimen organizado, facilitando procedimientos judiciales que permitan el levantamiento del secreto bancario en investigaciones relacionadas con evasión fiscal y la creación de una figura de «denunciante anónimo», lo que facilitará la identificación y persecución de delitos financieros.

Control sobre supermercados y restaurantes

Otra de las medidas incluidas en la ley se refiere a los supermercados y restaurantes, que a menudo emiten facturas a empresas por compras que en realidad son de consumo personal. Esta nueva ley reforzará las instrucciones administrativas para estos comercios, evitando que se utilicen facturas para reducir impuestos en compras que no están directamente relacionadas con actividades empresariales.