Este lunes, la Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó un informe sobre Venezuela, abarcando el periodo comprendido desde el primero de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024.
En dicho documento, se muestran las conclusiones de la Misión sobre las violaciones de derechos humanos y delitos cometidos antes y después de las elecciones presidenciales. Este análisis se acompaña de 19 fichas de casos ilustrativos que ejemplifican estas violaciones y delitos.
A su vez, incluye a las más de 1800 personas detenidas y acusa a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de: asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Recordemos que en Venezuela existe un régimen autoproclamado a raíz de una votación para elegir presidente aparentemente fraudulenta el pasado 28 de julio. Dicho proceso electoral fue cuestionado internacionalmente por infringir en la transparencia y probidad de los resultados.
Respecto a esto, el secretario general de la organización no gubernamental venezolana, Provea, Óscar Murillo, expresó: “El informe dice que esta represalia, se reactivó con motivo de la convocatoria de las elecciones presidenciales. Y se intensifica y agudiza esta represión posterior al 28 de julio. Entonces hay una política de Estado sistemática, progresiva que ya está estructurada para silenciar y cercar todos los mecanismos de oposición política organizado que hay en el país”.
Otras de las instituciones señaladas del país mencionado fueron: el Consejo Nacional Electoral, que «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad», la Asamblea Nacional, por ser «instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos», y el sistema de justicia, que «siguió operando con falta de independencia».
En respuesta, el Gobierno venezolano tildó de “panfletero” al informe de la ONU, y en un comunicado en representación del país en Ginebra, rechazaron “enérgicamente el panfleto publicado por la vergonzosa misión”, por ser “un documento novelesco” y “un guión fantasioso”.
Asimismo, durante una entrevista, el fiscal regional de Venezuela, Tarek Williams, arremetió contra el Presidente Gabriel Boric luego de que calificara como dictadura a la situación de ese país, y contra el presidente de Brasil, Lula da Silva, acusándolos de ser agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
“Es un agente de la CIA, comprobado. Traicionó a la juventud mártir que combatió a Piñera, donde hubo centenares de muertos, quinientos heridos que perdieron la vista. Él se monta en esa ola, siendo el más tartamudo de esa dirigencia emergente universitaria rebelde, porque el verdadero bastión de la izquierda en Chile es Jadue”, expresó el fiscal.
Respecto a las relaciones de Venezuela y Colombia; país cuyo presidente Gustavo Petro es simpatizante; el Nobel de la Paz y expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó su descontento con la posición “ambivalente” de Petro frente al contexto y situación política de Venezuela.
Además, aseguró que el Gobierno de Petro ha dicho que “se está prestando para poder mediar, pero hay un momento donde la mediación se vuelve complicidad”, agregando que eso facilita que el “régimen se consolide”.
Recordemos que durante la lucha contra la guerrilla colombiana, más de 6 mil civiles fueron asesinados por las fuerzas armadas del país, de manera que miles de personas inocentes eran presentadas como paramilitares y ejecutadas sin mayores precedentes, todo esto, para presentar un “resultado” en dicho combate contra el narcotráfico y la guerrilla.
En respuesta a los dichos del expresidente, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó lo siguiente en su programa Con Maduro Más: “Hay un lobby que paga mucho billete y lo llaman. Hay mucho billete sobre Venezuela para tratar de hacerle daño a nuestro país, hacerle daño a las relaciones históricas entre Colombia y Venezuela, reconstruidas entre Petro y yo».
Finalmente, es importante mencionar que en la actualidad, Venezuela sigue sin cuerpos diplomáticos en siete países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, luego de que se pronunciaran en contra del régimen.
