El sueño de la casa propia se está desvaneciendo para una considerable porción de chilenos. Según la reciente actualización del Índice de Acceso a la Vivienda (PIR) por parte de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), una familia promedio en Chile necesitaría destinar íntegramente sus ingresos durante 11,4 años para adquirir una vivienda de precio medio. Este indicador ha aumentado en 3,8 años desde 2019, consolidando al país en la categoría de viviendas «no asequibles»

Este fenómeno se atribuye a múltiples factores que han afectado tanto la oferta como la demanda de viviendas. Por el lado de la oferta, el encarecimiento del suelo apto para proyectos habitacionales, las restricciones a la construcción en altura y las dificultades para obtener servicios sanitarios en zonas urbanas han incrementado los costos de desarrollo inmobiliario. Además, la pandemia provocó un alza en los precios de materiales y mano de obra, sumado a cambios normativos que han encarecido los proyectos, como la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la compraventa de viviendas desde 2016.

En cuanto a la demanda, el crecimiento del número de hogares, impulsado por un aumento de personas que viven solas o en familias pequeñas, junto con el incremento de la población migrante, ha generado una presión significativa sobre la oferta habitacional. A esto se suman las dificultades para acceder a financiamiento, exacerbadas por altas tasas de interés y un lento crecimiento de los salarios reales
Frente a este escenario, la CChC ha propuesto una serie de medidas para mejorar el acceso a la vivienda. Entre ellas, destaca la creación de un subsidio transitorio que facilite la compra de viviendas nuevas para los sectores medios, mediante la reducción de los costos de financiamiento hipotecario. Asimismo, se plantea la ampliación del alcance del FOGAES, un instrumento de garantía de créditos hipotecarios, extendiendo su cobertura del 10% al 15% del valor de la vivienda y prolongando su vigencia hasta 2026.

Por otra parte, propone la racionalización de las regulaciones técnicas y urbanas que no han tenido un impacto positivo en la sociedad, como la Ley del Ducto, con el objetivo de reducir costos innecesarios en los proyectos habitacionales. Estas iniciativas buscan abordar de manera integral la crisis de acceso a la vivienda, atacando tanto las barreras económicas como las normativas que dificultan la materialización del sueño de la casa propia para miles de chilenos.

El impacto a los más vulnerables

El déficit habitacional también está afectando a los sectores más vulnerables de la población, con más de 650 mil familias viviendo en condiciones precarias, de acuerdo a un estudio reciente realizado por TECHO Chile. Este informe detalla que la cantidad de campamentos en el país ha aumentado un 39% desde 2019, una cifra que, según expertos, es alarmante, y refleja la imposibilidad de acceder a viviendas para quienes están en los deciles más bajos de sueldos. En ese sentido, la falta de políticas públicas para abordar este problema ha dejado a estas familias en un limbo, enfrentando condiciones de hacinamiento, falta de servicios básicos y un entorno inseguro.

De hecho, el déficit habitacional en la Región Metropolitana (RM) es particularmente crítico, concentrando una proporción significativa del problema a nivel nacional. Según cifras de TECHO Chile y CChC, la RM alberga más del 40% de las familias que viven en campamentos en el país, reflejando el impacto de la desigualdad territorial y el alto costo de vida en la principal región del país. Este fenómeno se ha intensificado debido al aumento de la migración hacia Santiago en busca de oportunidades laborales, generando una presión adicional sobre la demanda de viviendas y servicios básicos.

Entre los factores que agravan esta situación está el elevado precio del suelo urbano en la RM, donde comunas centrales como Providencia, Ñuñoa y Santiago han experimentado un encarecimiento sostenido que las ha vuelto inaccesibles para sectores medios y vulnerables. Como resultado, muchas familias se han visto forzadas a buscar soluciones habitacionales en la periferia, enfrentando largas distancias hacia sus lugares de trabajo y una menor calidad de servicios básicos. Este desplazamiento también ha contribuido al crecimiento de campamentos en comunas como Puente Alto, La Pintana y San Bernardo, donde las familias viven en condiciones de hacinamiento y sin acceso a agua potable o electricidad regular.

Por otra parte, las políticas de financiamiento habitacional han sido insuficientes para mitigar el impacto de las altas tasas de interés y los requisitos de crédito más estrictos. Según datos del Banco Central, las tasas promedio de los créditos hipotecarios alcanzaron su nivel más alto en más de una década en 2023, lo que ha excluido a muchas familias del sistema financiero. Esto ha llevado a un aumento en la dependencia de los subsidios habitacionales del Estado, que, si bien han ayudado a miles de familias, no son suficientes para compensar la creciente brecha entre la oferta y la demanda.
La implementación efectiva de estas medidas requerirá la colaboración entre el sector público y el mundo privado, así como ciertamente de voluntad política para priorizar soluciones que permitan revertir la tendencia actual y acercar nuevamente el sueño de la casa propia a las familias chilenas.