Recién comenzaba 2020 y Mario había perdido su empleo como vendedor de frutos secos en la feria. Ante la falta de medios para conseguir un lugar donde vivir, el campamento se presentó como una opción. Así como él, miles de personas pasaron por situaciones similares que los llevaron a habitar el lugar. Los vecinos y vecinas construyeron sus casas sobre cemento y madera, pero también sobre el temor. Porque en el campamento viven con el miedo constante a que su espacio sea desalojado. 

El campamento ubicado en el Cerro Centinela, entre San Antonio y Cartagena, se divide en cuatro cuadrantes. Además, en sus cercanías se encuentran otros cuatro campamentos: Centinela, Aguas Saladas, Manuel Bulnes y Fuerza Guerrera. Según el más reciente catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), estos campamentos agrupan un total de 3.968 familias y una población global de 9.887 personas. 

A inicios de este mes, la Delegación Presidencial de Valparaíso presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones para postergar en al menos un año la orden de desalojo. Sin embargo, la Corte decidió rechazarla tras considerarla improcedente, por lo que el plazo para el desalojo quedó fijado para el próximo sábado 30 de noviembre. 

El campamento está habitado por casi 10 mil personas que viven en una constante incertidumbre. Por eso Mario busca obtener respuestas y garantías que promuevan el bienestar de las miles de familias que conforman la comunidad.

— ¿Qué harán ante el desalojo?

— Vamos a resistir. Hace un mes hubo una falsa alarma, a través de un audio alertando que venía la armada, y fue horrible. Algunos vecinos tuvieron complicaciones cardiacas, crisis de pánico, otros hicieron guardia. Entonces la idea es resistir, pero no sabemos cómo van a actuar los vecinos, porque nosotros claramente tenemos una idea como dirigentes, pero hay situaciones que se nos escapan de las manos. 

— ¿Hay temor al desalojo?

— Sí, todos los días. De hecho por eso hay una alta demanda de atención psicológica en los consultorios, tanto en Cartagena como en San Antonio. Acuden por crisis de pánico o  estrés, estamos todo el tiempo con la incertidumbre. ¿Van a venir? ¿nos van a sacar? ¿cómo van a reaccionar? ¿van a ser violentos? También hemos visto cómo actúan en otros campamentos que han desalojado, que, en cuanto a cantidad, son claramente distintos a nuestra realidad. 

— Paradójicamente, el terreno pertenece a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio

— Al final nosotros nos estamos metiendo con poderosos que quieren meter inmobiliarias para construir torres, pero nosotros no necesitamos eso. Nosotros tenemos las casas construidas para habitarlas por siempre. Es complejo, porque sí o sí nos quieren mover.  

— Dentro del campamento habitan familias con niños y niñas ¿hay un protocolo para resguardar su seguridad ante un desalojo?

— Tenemos un plan, vías de escape. Pero además somos súper críticos con el departamento de la niñez, porque jamás han entrado al campamento. Dentro de estos 5 años jamás les ha importado si los niños tienen agua, baño, necesidades de alimento o abrigo. Ese departamento para nosotros no existe. Desde el primer día aquí llegaron personas a habitar con niños, pero no les interesa. Lo único que les importa es aparecer en la foto con el niño mientras lo rescatan y se lo quitan a la madre. Pero eso no funciona, porque en todo este tiempo no han hecho nada. Sin embargo, muchos niños del campamento son deportistas o tienen excelentes notas, entonces a pesar de las condiciones, estos niños rinden super bien. Han podido lograr el sueño frustrado, que acá en este espacio han podido concretar. 

La crisis habitacional se ha multiplicado con el pasar de los años. El Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de la organización TECHO-Chile informó que el número de familias que viven en campamentos aumentó en un 39,5% respecto al periodo 2020-2021. La cifra ahora llega a 39,5 hogares. Además, existe un total de 1.290 campamentos distribuidos en todo el país, un 33,1% más que en 2020-2021. 

Debido a este gran número de asentamientos, en 2022 el gobierno lanzó un Plan de Emergencia Habitacional (PEH). El objetivo es entregar 260 mil viviendas de calidad de aquí a 2025. Sin embargo, a un año de que se cumpla el plazo, sólo se ha alcanzado un 29,5% de avance. Esta demora ha transformado al campamento en la solución para miles de familias, quienes tienen la urgencia de tener un lugar donde habitar.

La toma que dio origen al campamento Vista Hermosa se inició el 19 de octubre de 2019, bajo el estallido social. En ese primer momento se instalaron 12 personas, pero rápidamente fueron llegando más habitantes, construyendo casas y organizando el espacio. Tanto así, que el sitio recibió el nombre de “Gran toma de San Antonio” por sus habitantes. El sitio de 254 hectáreas donde se erige el campamento tuvo un aumento exponencial en 2020, gracias a la pandemia que agudizó cuestiones económicas y sociales. 

— San Antonio, pese a ser una ciudad intermedia, tiene uno de los campamentos más grandes a nivel país ¿por qué se da esta situación?

— Creo que fue la necesidad de emigrar por salud y porque esta toma se inició en el estallido social. Después vino la pandemia y la gente necesitaba emigrar, pero de fondo y de base estaba la necesidad habitacional. Entonces muchas personas quedaron sin empleo, sin recursos, no pudieron pagar arriendo y se cansaron de estar hacinados o allegados. 

— ¿Cómo fue en pandemia?

— Llegaron algunos médicos de forma voluntaria a ayudarnos. De hecho nosotros tenemos un centro de salud dentro del campamento. Ahora se siguen realizando operativos médicos y oftalmológicos. 

— ¿En todo este tiempo el ministro de vivienda ha ido a la toma?

— No, nunca.

— ¿Pero han tenido reuniones?

— Sí, reuniones super alejadas. Tenemos una mesa de trabajo con Gloria Maira, la delegada designada por el ministro Carlos Montes. Esa mesa ha sido liviana, con falta de respeto, falta de compromiso, falta de verdad. Ella apareció en una convención mostrando un plan de trabajo exitoso, siendo que no es así. El ministro Montes sale en distintos medios diciendo que está todo okey, que estamos trabajando con las cooperativas, pero ni siquiera nos hemos sentado a conversar sobre cómo se van a formar estas cooperativas.

— ¿Ustedes están de acuerdo con las cooperativas?

— No. La cooperativa funciona en una población establecida, no en un campamento. La situación de nosotros es distinta porque tenemos una orden judicial para el desalojo. Pero además, nos hace responsables de un 100% de lo que es crear una cooperativa. Nos hace responsables de endeudarnos del banco, siendo que la mayoría no es sujeto de crédito para un banco. Pero la cooperativa como entidad particular sí lo puede hacer. En caso de darse esta situación, tendríamos que nosotros mismos desalojar a nuestros vecinos que no van a tener para pagar. Ahí tienes que desalojar a los que asumen, pero también a los que van a resistir. La cooperativa como la presentan, no nos funciona. 

— ¿Y cómo han sido los diálogos?

— No todas las autoridades, pero en el ministerio piensan que somos pobladores ignorantes. Nosotros a pesar de no tener estudios universitarios sí estudiamos. Tenemos la necesidad de saber, para que no nos pisoteen. 

— ¿Cuál sería la mejor solución?

— La expropiación o de pronto la cooperativa, pero con las garantías del Estado.