Un nuevo capítulo en la investigación por irregularidades financieras en la Municipalidad de Viña del Mar se concretará este martes 10 de junio, cuando el Concejo Municipal analice la devolución de $35 millones por parte de Pablo Staig, exasesor jurídico y exdirector de Finanzas durante la alcaldía de Virginia Reginato.
La medida forma parte de una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a fines de 2023, que apunta a recuperar más de $80 millones empleados de forma indebida por funcionarios de confianza de la administración municipal anterior. En el caso de Staig, el requerimiento se basa en una sentencia del Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República, ratificada en 2020, que acreditó su responsabilidad en la autorización de gastos injustificados.
Entre los ítems cuestionados figuran celebraciones como el Día de la Madre y homenajes a los Bomberos, así como adquisiciones sin respaldo técnico ni presupuestario. La sentencia determinó que Staig actuó con negligencia al suscribir documentos municipales que facilitaron estos desembolsos irregulares.
La actual alcaldesa, Macarena Ripamonti, valoró el proceso judicial como una forma de restituir parte del daño al patrimonio municipal, destacando la necesidad de avanzar hacia una administración más rigurosa y transparente. Sin embargo, no todos están conformes. La concejala Nancy Díaz criticó el monto a reintegrar, señalando que representa solo una fracción del perjuicio económico real.
Este caso se suma a un fallo paralelo contra la exalcaldesa Virginia Reginato, quien deberá enfrentar un juicio de cuentas por más de $3.500 millones, originado por el no pago de cotizaciones previsionales y de salud a trabajadores municipales. El informe de Contraloría sostiene que Reginato tenía pleno conocimiento de las actividades cuestionadas y no tomó medidas para impedirlas.
Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta del abogado defensor de la exalcaldesa, Claudio Uribe, pese a intentos de contacto por parte de medios locales.
