En el contexto de una indagación por presuntas anomalías en contratos financiados con fondos del Gobierno Regional Metropolitano (GORE), la Fiscalía ordenó el registro tanto del domicilio del gobernador Claudio Orrego como de las oficinas del GORE. El procedimiento fue ejecutado por el OS7 de Carabineros, quienes incautaron dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa.

Según la información recabada, el propio Orrego entregó voluntariamente su teléfono móvil y su computador personal, gesto que su defensa calificó como una señal de cooperación activa con la investigación. La diligencia forma parte de un proceso iniciado tras un informe de la Contraloría General de la República, el cual detectó que más de 31 millones habrían sido utilizados por el GORE para pagar asesorías que, en parte, no se ajustaban al objetivo declarado de coaching institucional. Por el contrario, el organismo fiscalizador identificó contenidos asociados directamente a la campaña electoral del gobernador durante 2024.

El contrato en cuestión fue adjudicado a la firma Vera y Asociados S.A. mediante tres pagos realizados entre abril y septiembre del año pasado. La auditoría evidenció que 16 de las 52 sesiones de coaching abordaban estrategias y acciones directamente ligadas a la reelección de Orrego.

El caso se agravó con la renuncia de Mayuri Reyes, hasta hoy jefa de la División de Presupuesto e Inversión del GORE, quien mantenía vínculos comerciales con un proveedor que recibió más de $109 millones mediante trato directo. El nombre del contador José Solís Venegas, socio de Reyes en una empresa desde 2021, aparece asociado a dos contratos con el Gobierno Regional firmados este año.

Además de Orrego, al menos diez funcionarios del GORE entregaron sus aparatos electrónicos en el marco de la misma diligencia. La Fiscalía y Contraloría continúan trabajando para establecer posibles responsabilidades administrativas y penales.