Como parte de esta estrategia, el gobierno ha desplegado agentes federales y miembros de la Guardia Nacional en algunas de estas ciudades para apoyar las operaciones de detención y deportación. A su vez, esta medida ha generado preocupación en comunidades inmigrantes, donde se teme un aumento de redadas y detenciones arbitrarias.

Por otra parte, diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su rechazo a esta política, afirmando que estas acciones podrían vulnerar derechos fundamentales y afectar a familias con arraigo en el país.

Asimismo, sectores como la agricultura y la hostelería advierten que una reducción drástica de la mano de obra inmigrante podría provocar escasez de trabajadores, afectando la producción, el empleo y la prestación de servicios en varias regiones del país.